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La Sala de lo Constitucional de El Salvador reabre el caso por masacre de sacerdotes jesuitas durante la guerra civil

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La Sala de lo Penal de la Corte Suprema había cerrado el proceso en 2020, pero ahora se considera que ello significó la vulneración del derecho a la verdad.
La Sala de lo Constitucional de El Salvador reabre el caso por masacre de sacerdotes jesuitas durante la guerra civil

La Justicia de El Salvador ordenó este miércoles reabrir el caso por la masacre de seis sacerdotes jesuitas y dos colaboradores, ocurrida el 16 de noviembre de 1989, en medio de la guerra civil, luego de que el proceso fuera cerrado en el 2020. 

En concreto, la Sala de los Constitucionl de la Corte Suprema tuvo en cuenta la presentación de un amparoluego de que la Sala de lo Penal decidiera el cierra del caso. En su reciente fallo, señaló que se estaban vulnerando "los derechos a la seguridad jurídica, a la protección jurisdiccional y a conocer la verdad". 

Ahora, se da un plazo de diez días para que las autoridades penales se pronuncien, pero garantizando "los parámetros de constitucionalidad señalados en esta sentencia". Los magistrados que ordenaron la reapertura habían sido nombrados en mayo por la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista.

Asesinatos en manos del Ejército

La masacre de 1989 ocurrió dentro de la Universidad Centroamericana, en medio de enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad y organizaciones guerrilleras. Los homicidios fueron cometidos por un grupo del Ejército, según las conclusiones de la Comisión de la Verdad, apoyada por las Naciones Unidas. 

Los nombres de las víctimas eran: Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Armando López y Juan Ramón Moreno -todos ellos jesuitas españoles-, junto al sacerdote Joaquín López y sus colaboradoras, Elba y su hija Celina Ramos, de nacionalidad salvadoreña.

Actualmente, hay dos personas en prisión: el coronel retirado Guillermo Alfredo Benavides Moreno -a quien en noviembre se le negó el indulto- e Inocente Orlando Montano, que cumple su sentencia de 133 años en España. Las reprimendas por la masacre estuvieron en suspenso por la Ley de Amnistía sancionada en 1993, declarada inconstitucional en el 2016. 

Bukele: "No se tolerará la impunidad"

Por su parte, el presidente, Nayib Bukele, celebró la decisión de la Sala y compartió la noticia en su cuenta de Twitter: "¡Feliz Año Nuevo!", escribió.

En un acto público para anunciar una acción del Gobierno, agregó que se debe "dar un mensaje claro de que no se tolerará la impunidad". Y concluyó: "Desde ahora en adelante, no se va a buscar solamente al delincuente de abajo. A mayor el crimen y el cargo, mayor la pena y la repercusión que debe de pagar".

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