El ministro de Consumo de España, Alberto Garzón, ha protagonizado esta semana una enorme polémica después de que concediera una entrevista al medio británico The Guardian, a finales del mes pasado.
Sus declaraciones sobre la calidad de la carne producida en las macrogranjas puso en pie de guerra a una parte de la industria cárnica del país y han propiciado el ataque de los partidos de derecha y ultraderecha de la oposición, después de haber sido tergiversadas y sacadas de contexto.
La controversia llegó a España más de una semana después de la difusión del artículo en inglés, en forma de entrevista narrada. Lo hizo de la mano de la revista sectorial Cárnica, que difundió la noticia con el titular: "Garzón afirma en The Guardian que España exporta carne de mala calidad de animales maltratados".
Sin embargo, Garzón solo realizó una crítica a las macrogranjas, alabó el modelo de ganadería extensiva y criticó el modelo intensivo por cómo afecta negativamente a los suelos y el agua. "Es una carne de peor calidad, es un maltrato animal, además, lo que se produce. Es un impacto ecológico descomunal y desproporcional", fueron sus palabras.
A partir de ese momento, centenares de cuentas difundieron ese artículo, entre ellas, numerosos portavoces del principal partido de la oposición, el conservador Partido Popular (PP). Sin embargo, todas las referencias omitían el término 'macrogranjas', a las que se refería específicamente el ministro, y lo vendían como un ataque al conjunto del sector ganadero español.
Quienes criticaron sus declaraciones, omitieron la buena opinión del ministro sobre el sector ganadero extensivo, ya que el titular de Consumo considera que es un modelo que cuida el medioambiente, ayuda a fijar población en el territorio y contribuye al establecimiento de precios más justos.
El ministro cree que es un ataque orquestado por intereses
Garzón ha expresado su postura a través de las redes sociales: "La entrevista tuvo lugar el 14 de diciembre y fue publicada en versión narrada el 26 de diciembre. El bulo comenzó el 3 de enero, impulsado por el lobby de ciertas grandes empresas que promueven macrogranjas contaminantes. Y el resto ya lo sabéis", escribió en Twitter.
Así, ha llegado a compartir la transcripción de la entrevista que concedió, para poner en contexto sus palabras, y en la que no aparece la expresión "mala calidad" del titular viral.
Las declaraciones de Garzón no son las primeras que vierte un político de primera línea en este sentido. También en diciembre, el ministro de Agricultura de Alemania, Cem Özdemir, de Los Verdes, hacía afirmaciones sobre la "baja" calidad de la carne en el país germano: "Ya no debería haber precios de oferta. Llevan a las granjas a la ruina, impiden el bienestar de los animales, promueven la extinción de especies y dañan el medioambiente. Quiero cambiar eso", afirmaba el ministro a Deutsche Welle.
Los objetivos de Özdemir son los mismos que los de Garzón: reducir el consumo de carne y proteger el medioambiente. Sin embargo, el primero no ha recibido la misma contestación que el segundo. De hecho, la otra gran crisis de comunicación que tuvo el español se produjo este verano, cuando sostuvo, en línea con la Organización Mundial de la Salud (OMS), que los españoles deberían reducir su consumo de carne.
No obstante, en esa ocasión fue desautorizado incluso por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que reaccionó diciendo: "Un buen chuletón al punto es imbatible".
Críticas de la oposición y de líderes del Partido Socialista
Uno de los primeros en reaccionar contra Alberto Garzón fue el presidente de Castilla León, Alfonso Fernández Mañueco, que tras hacerse eco de la noticia publicada en Cárnica, pidió a Pedro Sánchez que exigiera la rectificación del ministro de Consumo o procediera a su cese.
Fernández Mañueco, del PP, se enfrenta a un adelanto electoral que él mismo ha convocado y el sector ganadero representa una parte fundamental del PIB de su región. Lo paradójico es que ese mismo territorio fue uno de los ejemplos que el ministro Garzón puso de buenas prácticas de ganadería extensiva.
Por parte del Partido Popular, casi todos los portavoces y líderes reconocidos han expresado su rechazo a las palabras de Garzón, aunque los reproches que más han llamado la atención provienen de las filas socialistas, el partido con el que Unidas Podemos (UP) comparte Gobierno.
Así, el presidente socialista de Aragón, Javier Lambán, sorprendió a principios de semana pidiendo el cese del ministro, mientras que desde el Gobierno, la portavoz Isabel Rodríguez sostenía que el titular de Consumo "hablaba a título personal".
Por su parte, desde Unidas Podemos (UP), la formación en la que está integrada Izquierda Unida (IU), el partido que lidera Garzón, han defendido al ministro. El presidente del grupo parlamentario de UP en el Congreso, Jaume Asens, ha asegurado este viernes en una entrevista en la radio pública que Garzón hablaba como miembro del Gobierno y no a título personal.
En ese tono, Asens también afeó las críticas de algunos dirigentes socialistas, destacó que las declaraciones del ministro están sustentadas y recalcó que su postura está alineada con la Comisión Europea.
Igualmente en defensa de Garzón ha salido la vicepresidenta Yolanda Díaz, que ha afirmado que el país "debe seguir apostando por la ganadería sostenible, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y el F2F, y denunciar aquellas prácticas minoritarias que agravan la crisis climática".
Los expertos están de acuerdo
Lo cierto es que la controversia generada por las palabras del ministro no encuentran correlación en los científicos, quienes ya hace años que sostienen que la ganadería intensiva, que tiene lugar en las macrogranjas, contamina las aguas, produce enormes emisiones de efecto invernadero, provoca deforestación y no procura el bienestar animal.
Organismos como Naciones Unidas atribuyen al sector ganadero la responsabilidad de la emisión del 14,5 % de los gases de efecto invernadero.
En el caso español, se estima que más de 70 % de los municipios que acogen macrogranjas han perdido población. El motivo es que a la gente no le gusta vivir en un lugar que recibe los olores de estas instalaciones y que, en ocasiones, causan la contaminación de sus sistemas acuíferos desde hace años.
Por otra parte, el sistema intensivo crea muy pocos puestos de trabajo, ya que la mayoría de las labores son realizadas por maquinaria.
El sector ganadero en España
En España hay casi un millón de explotaciones ganaderas en las que se reparten 60 millones de animales, pero el Gobierno desconoce cuántas de ellas son macrogranjas, debido a que es un término que no está definido legalmente. En algunos territorios se utiliza para nombrar a los centros a partir de 400 cabezas, mientras que en otros es necesario sobrepasar las 2.000. Además, en el país tampoco existe trazabilidad de la carne consumida.
Las macrogranjas forman parte de lo que se denomina ganadería industrial, donde la cría de animales se realiza con una alta densidad, utilizando maquinaria y facilitando alimentos para engordar lo más rápidamente a los animales y aumentar el rendimiento.
Si bien existen diferentes leyes que establecen las normas que deben cumplir estas explotaciones, como su ubicación lejos de zonas pobladas, el bienestar animal y su control sanitario, lo cierto es que la concentración de los animales ha aumentado: desde 2015, hay más de tres millones de animales y 11.000 menos granjas.
En 2018 la Comisión Europea abrió un expediente a España por "excesivos niveles de nitratos vinculados a la ganadería intensiva". Lo saben bien en el Mar Menor, donde este tipo de ganadería, aunado a los excesos de la construcción, han causado una catástrofe medioambiental que ha supuesto la muerte de miles de peces en este enclave natural único.
En un comunicado emitido el 2 de diciembre, la Comisión consideró que España no había realizado los esfuerzos suficientes para paliar la contaminación producida por los nitratos derivados de esta actividad, por lo que decidió llevar al país ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En caso de una sentencia en contra, la cuestión podría suponer una multa.
Organizaciones de defensa del medioambiente ya han avisado del peligro de los nitratos y de eutrofización de las aguas, el crecimiento excesivo de algas que acaba con el oxígeno y con el resto de formas de vida. En octubre Greenpeace lo avisó en su informe: "Macrogranjas, veneno para la España rural".
El informe de la ONG alerta de que la contaminación por nitratos ha aumentado en España en solo cuatro años, desde 2016 a 2019, en un 51,5 % y pone el foco sobre todo en la ganadería porcina, la más desarrollada del país, que experimentó un aumento de más del 20 % en el número de sus cabezas de ganado entre 2015 y 2020.
España es el quinto país exportador mundial de carne, con unas ventas que alcanzaron el año pasado más de 7.000 millones de euros. Así, la carne es el noveno producto más exportado por España, suponiendo un 3 % del valor total. En conjunto, exporta siete veces más carne de la que compra: una balanza comercial netamente positiva.
El producto estrella, sin discusión, es el cerdo, que factura casi dos tercios del total del sector. En menor medida, el país exporta bovino, despojos, aves de corral, oveja y cabra. Dos regiones españolas, Cataluña y Aragón, están entre las seis europeas con más cabezas de ganado.
Un escándalo que tapa otras noticias
Algunas voces han destacado que este escándalo, que consideran un bulo, ha salido a la luz justo en el momento qué más le interesaba a la oposición, con la intención de acaparar buena parte de la actualidad informativa y opacar otras noticias.
Así, en esos mismos días se conocieron los datos de empleo del mes de diciembre que ha dejado cifras récord en la creación de puestos de trabajo en el país, que no se veían desde antes del inicio de la crisis económica internacional de 2008.
Asimismo, otra importante noticia de esos días, que quedó totalmente eclipsada por el oportuno debate sobre las declaraciones de Garzón sobre el sector cárnico, ha sido la filtración de un informe de 450 páginas de extensión sobre un caso de corrupción en el que está involucrado el exministro del Partido Popular, Eduardo Zaplana. El expolítico habría blanqueado más de 4 millones de euros procedentes de supuestos pagos de comisiones por adjudicaciones públicas.
Sin embargo, estas noticias han pasado prácticamente desapercibidas para la opinión pública española, ocultadas por largas tertulias políticas sobre las declaraciones de un ministro que recogen el parecer unánime de la comunidad científica.