La Fiscalía de Bolivia presentó este jueves una acusación formal contra los exministros de facto Arturo Murillo (Gobierno) y Fernando Lopez (Defensa) por el caso que investiga la compra irregular de gases lacrimógenos, una maniobra que le costó al estado 16 millones de bolivianos (2,3 millones de dólares), se informó oficialmente.
Murillo y López fueron señalados por uso indebido de influencias; negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de deberes; contratos lesivos al Estado, conducta antieconómica, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al estado, entre otros
El Ministerio Público solicitó la pena máxima para este tipo de delitos, que es de 10 años más agravantes, y pesa también para otros seis exfuncionarios del gobierno de Jeanine Áñez, más un empresario.
En el caso de Murillo, la Fiscalía pidió la extradición a la embajada de EE.UU, mientras que en relación a López, se solicitó a la Organización Internacional de Policía Criminal (INTERPOL) la activación de la notificación roja para dar con su paradero, que se encuentra prófugo.