El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dictó un decreto que autoriza la destrucción de cualquier tipo de cueva para la construcción de proyectos considerados de utilidad pública.
La medida mantiene las clasificaciones de relevancia de las cavidades naturales en máxima, alta, media y baja según el análisis de sus atributos ecológicos, biológicos, geológicos, hidrológicos, paleontológicos o culturales y socioeconómicos, entre otros.
Según el diario Folha de Sao Paulo, se deroga una normativa de 1990 que prohibía que las cuevas de máxima relevancia sufrieran impactos negativos irreversibles.
El decreto especifica que se implementarán proyectos económicos con impacto negativo irreversible cuando el emprendedor demuestre que se trata de una actividad o empresa de utilidad pública, así como la inexistencia de una alternativa técnica o de ubicación viable a la empresa o la actividad propuesta.
También se deberá probar que los impactos no lleven a la extinción de especies que se encuentran en la cavidad.
El Ministerio de Medio Ambiente resaltó en una nota que la explotación mantiene la "necesidad de licencia previa de todos los emprendimientos y la prohibición de supresión de cavidades con material de destacada relevancia histórico-cultural y religiosa".
La medida –añade– permitirá "inversiones en proyectos estructurales fundamentales, generadores de empleo y renta, como carreteras, vías férreas, minería, líneas de transmisión y energías renovables garantizando la protección de las cuevas".
Según la cartera, el objetivo "es llevar seguridad jurídica a los ambientes favorables al desarrollo económico, manteniendo la preservación del medio ambiente".
El periódico Valor Económico destaca que las actividades subterráneas son un obstáculo especialmente para los proyectos mineros y las empresas de este sector se han quejado históricamente de tener que suspender sus actividades al encontrarse con cavidades sin valor ambiental o histórico-cultural.
"Tragedia monumental"
La decisión ha sido criticada por varias entidades. El Observatorio del Clima, una red que reúne a más de 50 organizaciones, recordó que el decreto libera "la destrucción de cualquier caverna del país, mediante la declaración de interés público".
"En el punto de mira de los bandidos está el Agujero del Infierno, en São Desidério, en el estado de Bahía, que alberga el mayor lago subterráneo de Brasil. La caverna impide la BR-135, una carretera para cargar la soja que también está destruyendo el cerrado. El combo de la devastación", explicó.
El biólogo Andre Aroeira calificó la medida de "tragedia monumental" y alertó del peligro de dejar a las cavernas en manos de la actividad minera. "Las cuevas y cavidades son como miniplanetas, con muchos animales encerrados en la oscuridad siguiendo un curso evolutivo sin igual", recordó.
La Sociedad brasileña de Estudios de Quirópteros denunció que de "manera unilateral, poco transparente y sin las discusiones técnicas adecuadas, se alteró el decreto", que permite "impactos irreversibles en cavernas de máxima relevancia".
"Estas alteraciones extremadamente cuestionables generan impactos enormes e irreparables. Literalmente, miles de especies que habitan en cuevas, incluidas especies en peligro crítico de extinción e hiperendémicas (que se encuentran en una sola cueva, por ejemplo) están en mayor riesgo", apunta.
Y continúa: "Una vez más el Gobierno Federal se posiciona contra la protección del recurso más valioso de Brasil: su biodiversidad".