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La Fiscalía de Bolivia acusa formalmente a ocho exfuncionarios de Áñez por la polémica compra de respiradores españoles
Se cree que los ventiladores pulmonares adquiridos en el 2020 tenían sobreprecios y no servían para las terapias intensivas.
El Ministerio Público de Bolivia confirmó este miércoles su acusación formal contra ocho exfuncionarios por la compra de respiradores de España con presuntos sobreprecios, en medio de la emergencia sanitaria del 2020, bajo el Gobierno de facto de Jeanine Áñez.
En concreto, el caso gira en torno a la adquisición de 170 ventiladores pulmonares de la marca Respira Device. Entre los implicados, se destacan: el exministro de Salud Marcelo Navajas; el exdirector jurídico de la misma cartera, Fernando Valenzuela; y el excónsul de Bolivia en España David Alberto Pareja.
En el comunicado oficial, la Fiscalía mencionó algunos de los delitos adjudicados: "Incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, uso indebido de influencias, contratos lesivos al Estado, delitos contra la salud pública y favorecimiento al enriquecimiento ilícito".
Por ahora, el fiscal general del Estado, Juan Lanchipa, pidió diez años de cárcel para los involucrados. Su planteo se sustenta en 22 pruebas testificales y 73 documentales, que se recopilaron durante los preparativos del caso.
Una firma boliviana ofrecía respiradores a mitad de precio
Por otro lado, la denuncia afirma que los instrumentos adquiridos no tenían los requisitos técnicos para su correcto funcionamiento, siendo de mala calidad. "No contaban con los accesorios y especificaciones técnicas ofertadas por el proveedor, además de no ser aptos para la Unidad de Terapia Intensiva", dice el anuncio.
El Ejecutivo de facto de Áñez compró los respiradores a la firma GPA Innova, mediante la intermediaria IME Consulting Global y la Agencia de Infraestructura en Salud y Equipamiento Médico (AISEM), que depende del Gobierno. El monto pactado fue de 4 millones de dólares, pero se pagó la mitad, "ya que el proceso fue paralizado porque no cumplía con la especificaciones".
Así, se habrían acordado unos 28.000 dólares por unidad. Al respecto, la Fiscalía remarcó que no se tuvo en cuenta a una firma boliviana, COSIN LTDA, que ofrecía respiradores a un precio más conveniente: 13.000 dólares.
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