Un pastor y su esposa fueron arrestados después de que la Policía descubriera a ocho personas con diversas discapacidades físicas y mentales retenidas en el sótano de su casa en la ciudad estadounidense de Griffin, en estado de Georgia, informó AP el pasado sábado.
Curtis Keith Bankston y Sophia Simm-Bankston, de 55 y 56 años, respectivamente, enfrentan cargos judiciales por detención ilegal y administración de un hogar grupal sin licencia. Además, se les acusa de controlar las finanzas, los medicamentos y denegar cuidados médicos a los afectados.
Su organización, One Step of Faith 2nd Chance, fue objeto de sospecha por parte del personal del servicio de emergencias médicas y bomberos, quienes el pasado 13 de enero atendieron el reporte de una persona que presentaba una crisis convulsiva en el domicilio.
Los socorristas tuvieron que entrar por una ventana para acceder hasta el paciente, debido a que la puerta del sótano se encontraba cerrada con llave. Fue en este momento cuando se percataron de la presencia de varias personas de edades entre los 25 y 65 años, por lo que dieron aviso a la Policía, quienes trasladaron a las víctimas a nuevos hogares.
Dexter Wimbish, abogado de Bankston, defendió la inocencia de su cliente, aseverando que en "ningún momento se retuvo a nadie en contra de su voluntad. No hubo secuestro". Asimismo, añadió: "Aquí no hay fraude. Este es simplemente un hombre cristiano que estaba siguiendo su llamado para ayudar a los necesitados. No podemos quedarnos sentandos y permitir que el ministerio sea atacado".
Wimbish sostuvo que los residentes tienen permiso de entrar y salir cuando quieran antes de las 8 de la tarde, momento en que la puerta se cierra, y que se podría probar que otras personas son las que controlan las finanzas de los pacientes, además de pagar a la organización de Bankston por su alimentación y alojamiento.
De acuerdo a la información del medio local Atlanta Journal-Constitution, Curtis Bankston registró a su organización sin fines de lucro en agosto de 2020, pero no obtuvo la licencia pertinente por parte de autoridades locales. "Eso es un mal juicio, es desafortunado, probablemente sea una violación de la ordenanza local", reconoció el abogado. "Pero no es un secuestro y no es detención ilegal. Y eso es lo que es la narrativa", agregó.