Una violación grupal desató un intenso debate social y político en Uruguay luego de que los tres hombres que abusaron de una mujer de 30 años quedaran libres a la espera de los resultados de ADN.
"La respuesta inmediata que la víctima debe tener, no la tenemos", reconoció la fiscal Sylvia Lovesio al advertir que los delitos sexuales no son prioridad en las políticas públicas, por lo que las mujeres en este país no están seguras.
El caso tuvo tal repercusión que incluso fue condenado por el presidente Luis Alberto Lacalle. Además, militantes del oficialista Partido Blanco lo usaron como parte de la campaña del "no" rumbo al referéndum que se realizará el 27 de marzo para ratificar o derogar la Ley Urgente de Consideración, el principal proyecto de Gobierno que, entre otros aspectos, establece cambios al Código Penal.
Los hechos ocurrieron el pasado domingo, cuando la víctima conoció a un joven en una discoteca de Cordón, un céntrico barrio de Montevideo. Después aceptó ir a su casa, pero una vez ahí, llegaron otros dos hombres y la violaron entre todos.
La mujer fue encontrada en estado de shock por los policías que llegaron al lugar y que luego la llevaron a un centro de salud, en donde un grupo de médicos confirmó la violación, lo que permitió que los tres varones, uno de ellos menor de edad, fueran detenidos.
Sin embargo, como los agresores se negaron a someterse a pruebas de ADN, la fiscal Lovesio emitió una orden para obligarlos. El problema es que, mientras ello ocurre, la ley permite que queden en libertad con la única exigencia de estar disponibles en sus domicilios, ya que por ahora no se puede realizar una acusación formal porque, aunque las pericias médicas ya demostraron la agresión, no son consideradas como una "evidencia contundente".
Polémica
Al asumir las deficiencias del sistema judicial para apoyar a las víctimas, la funcionaria convocó a modificar el sistema legal y judicial. "La misma indignación que le causa a la sociedad nos causa a nosotros, que escuchamos a la víctima. Tenemos que leer los informes donde se corrobora lo que la víctima padeció", dijo.
El escándalo fue creciendo de intensidad gracias a las y los usuarios de redes sociales, muchos de los cuales se quejaron de que los medios de comunicación mostraban más conmoción por el caso de un hombre que se había robado a un perro, que por esta violación grupal.
Finalmente, hasta el presidente habló. "Me detengo un instante en esa asqueante y aberrante situación. Obviamente sin meterme en la tarea ni del fiscal ni de los jueces, pero debería ser contundente la pena, la sanción ejemplarizante para estos actos que no son propios del ser humano, ni son propios en este caso del género masculino. Nos debería dar vergüenza y rechazar contundentemente este tipo de situaciones", afirmó Lacalle Pou.
El impacto político también se reflejó en los mensajes de funcionarios y legisladores oficialistas que advirtieron que la violación grupal demuestra la importancia de votar por el "no" en el referéndum del 27 de marzo.
La consulta, que fue impulsada por la oposición de izquierda del Frente Amplio, apuesta a derogar 135 artículos de la Ley Urgente de Consideración (LUC) que entró en vigor a mediados de 2020, cuando Lacalle Pou llevaba sólo tres meses en el poder, y que es la legislación más importante de su Gobierno.
El argumento del oficialismo es que la LUC garantiza mayores penas para violadores, sin posibilidad de reducirlas (como ocurre ahora, por ejemplo, si se incorporan a programas de trabajo), y también aumenta las sanciones para menores de edad que cometan delitos.
En respuesta, políticos opositores y otro usuarios de las redes sociales condenaron al oficialismo por querer aprovechar políticamente la violación.