El Gobierno español dio el aval a los créditos solicitados por Repsol para la ampliación de la refinería donde ocurrió el derrame en Perú

Una empresa de gestión de riesgo con participación mayoritaria del Estado español dio el aval para un financiamiento destinado a la ampliación de la refinería de La Pampilla, involucrada en el derrame petrolero ocurrido el pasado 15 de enero en Perú.

La Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) –vinculada al Ministerio de Comercio– dio el espaldarazo para la obtención del crédito que permitiría el apalancamiento de dos proyectos de renovación en la refinería. La información fue divulgada por Pedro Ramiro, doctor en Ciencias Químicas e investigador del Observatorio de las Multinacionales en América Latina (OMAL).

En sus redes sociales, Ramiro detalló que "a través de diferentes tipos de seguros que contratan las grandes corporaciones con Cesce, el Estado ha asumido los riesgos de negocios privados (de empresas como Repsol, Abengoa, Elecnor y Técnicas Reunidas; y bancos como BBVA y Santander) por un valor de más de 13.000 millones".

Aunque la Cesce no otorgó el financiamiento y el crédito no implicaba obras para ampliar la capacidad de refinamiento en La Pampilla, sí hay un elemento común en los proyectos, que se ejecutaron en dos fases: la promesa de que permitirían mejorar la unidad de producción de gasolina y minimizar el impacto ambiental, con emisiones de bajo contenido de azufre.

De acuerdo con información de Repsol-Perú, el monto total de inversión para ambos proyectos ascendía a 741 millones de dólares. Un informe de la petrolera, en 2019, detallaba que la Cesce había otorgado una garantía de hasta 252,5 millones de dólares para la primera fase, y otra línea por 199,8 millones para la segunda.

¿Un conflicto en puertas?

El fin de semana pasado, el Gobierno peruano reportó el derrame de unos 6.000 barriles de crudo en el litoral del distrito de Ventanilla, presuntamente provenientes de la refinería La Pampilla. Las causas del desastre que ha afectado más de 1.800 kilómetros cuadrados de playa y otros 7.000 de mar están aún por determinarse, pero la administración de Pedro Castillo ha sido enfática en exigir el resarcimiento a Repsol, de capital español.

Esta semana, además, las autoridades peruanas confirmaron la presencia de un segundo derrame en sus costas, que ha sido negado por Repsol, lo que abre un nuevo frente de fricciones que puede comprometer al Gobierno español. El aval de la Cesce a las obras de La Pampilla podrían ser la mecha de ese conflicto en ciernes.

De momento, España ha mantenido un perfil bajo respecto a la situación, pese a tratarse de uno de los desastres ambientales de mayor calado en los últimos años. En la víspera, la presidenta del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de Perú, Miriam Alegría, comunicó que ya se había iniciado el requerimiento para la imposición de la multa coercitiva a Repsol, debido a que la petrolera "no ha cumplido con la primera medida impuesta", que consistía en "la identificación de las zonas afectadas, la contención y recuperación del hidrocarburo" derramado.

El primer pronunciamiento de Madrid sobre el derrame ocurrió cinco días después del suceso, cuando se divulgó un escueto comunicado por parte de la embajada de España en Lima. "Lamentamos muy profundamente los efectos del vertido de crudo acaecido en una zona protegida del litoral del Callao que implica a una compañía española. Nos solidarizamos con los perjudicados", rezaba el texto oficial.

La actual discreción del Gobierno español contrasta con el apoyo que le dio la empresa de gestión de riesgo a Repsol hace unos años y la poco discreta inauguración de la unidad de producción de combustibles de bajo azufre en la refinería La Pampilla, en 2018, a la que asistió incluso el monarca Felipe VI.

En esa ocasión, la empresa destacaba su compromiso con la "sostenibilidad" y la calidad de sus productos, "facilitando el acceso a energía más limpia, con producción local de combustibles ambientalmente responsables que contribuyen con el desarrollo saludable de las personas en la sociedad".

Festín privado, problema público

Para analistas como Pedro Ramiro, el actitud taimada del Estado español cuando las cosas salen mal no es nueva, sino que obedece a un modelo que "se pone de perfil" cuando hay que asumir responsabilidades.

"La presencia de las grandes empresas españolas en América Latina no puede entenderse sin el apoyo permanente del Estado español: una gran alianza público-privada que blinda los negocios de multinacionales como Repsol, y se pone de perfil a la hora de exigirles responsabilidades", sostiene el investigador del OMAL.

El especialista afirma que ese respaldo a empresas en el exterior se ha convertido en una "cuestión de Estado", respaldada por sucesivos Gobiernos españoles, sin que estos tomen en cuenta los impactos socioambientales de esas inversiones. 

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En el informe 'Fondos públicos, negocios privados', del OMAL, se precisa que entre 2006 y 2018, el Estado español ofreció apoyo financiero para que varias empresas sostuvieran su proceso internacionalización, con la gestión de 16.662 millones de euros, compuestos principalmente por créditos y participaciones de capital.

"A esto hay que añadir la actividad aseguradora de CESCE: en 2018, los riesgos en vigor de los seguros por cuenta del Estado de esta compañía sumaban un valor de 15.154 millones de euros. El BEI [Banco Europeo de Inversiones], en ese mismo período, ha concedido créditos a las inversiones españolas en América Latina por un valor de 2.636 millones de euros", refiere la investigación.

Más allá de que el Estado respalde la expansión empresarial, el OMAL pone el énfasis en que muchos de esos proyectos implican "una serie de impactos sociales, económicos, ambientales y culturales", que no siempre cuentan con adecuados mecanismos de evaluación, seguimiento y control.

El resultado de este modelo es que los privados se benefician del financiamiento de bajo riesgo con respaldo estatal (aunque no tomen en cuenta los impactos asociados a las actividades que ejecutan), mientras que el Estado "asume la responsabilidad última como garante o asegurador de las coberturas", como se lee en la web de la Cesce.

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