El juez Romualdo Aguedo prohibió este viernes por un plazo de 18 meses la salida del país al director ejecutivo de Repsol en Perú, Jaime Fernández-Cuesta, y a otros tres responsables de la compañía tras el derrame de 6.000 barriles de petróleo cerca de la refinería de La Pampilla, en la provincia peruana del Callao.
Aguedo ordenó a la Policía Judicial dar cumplimiento a la medida. Su decisión responde a una solicitud del Ministerio Público después de que la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Lima Noroeste abriese una investigación contra representantes de la refinería La Pampilla, operada por Repsol, por un presunto delito de contaminación ambiental tras el derrame.
Además de Fernández-Cuesta, los otros tres ejecutivos son Renzo Tejada Mackenzie, jefe del Terminal Marítimo 2 de la refinería; Cecilia Posadas Jhong, gerente de calidad de medio ambiente, y José Reyes Ruiz, gerente de producción.
"Coincidimos con la representante del Ministerio Público en el sentido de que la conducta referencial de los investigados por la facilidad y continuidad de salidas fuera del país (...) evidenciaria de alguna manera un potencial peligro de fuga", sentenció Aguedo.
El jueves, la fiscal Rosa Gonzales dijo que existen "indicios fuertes de que se han contravenido las normativas" que exigen a la empresa "cumplir con los mecanismos de seguridad y contención para haber evitado los resultados de público conocimiento".
"Incumplimiento de medidas y plazos"
El derrame, calificado por el Gobierno peruano como "el peor desastre ecológico ocurrido en Lima en los últimos tiempos", ocurrió el sábado 15 de enero durante el proceso de descarga del buque Mare Doricum, de bandera italiana, cargado con 965.000 barriles de crudo. La embarcación se mantiene detenida en las costas del Callao mientras se realizan las investigaciones.
La empresa asegura que el derrame ocurrió por un "oleaje anómalo" tras la erupción volcánica submarina cerca del archipiélago de Tonga.
El Gobierno peruano dio a la multinacional 10 días para cumplir con todas las acciones de limpieza y descontaminación.
El ministro del Ambiente, Rubén Ramírez, expresó el jueves su "indignación" por el incumplimiento de las medidas y plazos establecidos por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Ramírez aseguró que la refinería incumplió con los componentes requeridos y relacionados "con la identificación de puntos críticos, el recojo del material oleoso impregnado en la arena y en los acuíferos; y también con la disposición final".
"Estamos aplicando la multa e iniciamos el proceso sancionador", aseveró. La petrolera española podría pagar hasta 4,6 millones de dólares de multa.
Mientras, el capitán del Mare Doricum, el italiano Giacomo Pisani, aseguró que Repsol no atendió a sus peticiones durante el derrame de crudo, lo que pone en entredicho la versión ofrecida por la multinacional española.
La petrolera evade su responsabilidad y asegura que la respuesta con demora "no es competencia de Repsol". Además, se pliega a la versión del capitán italiano sobre la "condición anormal del mar y el oleaje", que durante la descarga del crudo habría "causado la ruptura de los cabos de amarre".
Repsol también dice que "las barreras de contención estaban desplegadas desde el primer momento". Las autoridades, sin embargo, no concuerdan con este extremo. "No es verdad que desde el primer momento estuvieron ahí. Estábamos en el segundo o tercer día y el plan de contingencia no se había desplegado", afirmó esta semana la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez.
El vertido de crudo sobre el mar ha dejado una mancha de al menos 18.000 metros cuadrados que afecta playas, áreas protegidas, flora y fauna marina en el Callao.