Un comité penitenciario ha concedido este martes la libertad condicional a la cooperante española Juana Ruiz, de 63 años, después de pasar 10 meses en una prisión israelí. Tras su detención, en abril de 2021, el pasado 17 de noviembre fue condenada a 13 meses de cárcel por un tribunal militar por trabajar para una ONG palestina que Israel considera ilegal.
Si el Estado no apela esta decisión de la Junta de Libertad Provisional del Tribunal de Nazaret, Ruiz podría salir de prisión en los próximos días y viajar a España en un plazo aproximado de dos meses.
La cooperante española, casada con un palestino y residente en la Cisjordania ocupada desde los años ochenta, fue detenida en su domicilio, el pasado mes de abril, por una veintena de soldados israelíes por su relación laboral con la ONG Comités de Trabajo para la Salud. Su condena llegó siete meses después, tras aceptar un acuerdo de culpabilidad para rebajar la pena.
La ONG en la que colaboraba se ocupa de proveer servicios sanitarios en los territorios palestinos ocupados y está acusada por Israel de desviar fondos al Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP), organización considerada grupo terrorista por la Unión Europea (UE) y EE.UU.
Israel vincula este caso con el de otras seis ONG palestinas, que recientemente también ha declarado como grupos terrorista por alegaciones similares. Muchas de ellas reciben fondos europeos.
El caso de Ruiz ha recibido atención internacional, al haber sido sometida a un proceso militar, que normalmente es aplicado a palestinos, y al apuntar a diversas ONG con delitos para los que la ONU y la UE consideran que no hay información suficiente para sustentar las acusaciones.
La semana pasada, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación de España, José Manuel Albares, informó de que había tratado la situación de Ruiz con su homólogo israelí, Yair Lapid, en una conversación telefónica.
Durante este tiempo, la campaña puesta en marcha en España por familiares y amigos se ha traducido en un manifiesto por su liberación que ha contado con la adhesión de 91 personajes públicos, 216 organizaciones y casi 7.000 personas.