Apenas se dio a conocer que Argentina había logrado un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para refinanciar el pago del préstamo de casi 45.000 millones de dólares contraído por Mauricio Macri, gran parte del arco político local celebró la noticia. Sin embargo, las reacciones positivas de hace pocos días parecen una foto en blanco y negro, luego de la reciente ruptura al interior del oficialismo por las críticas que generó ese pacto.
El primero en dar el portazo fue Máximo Kirchner, jefe del bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, e hijo de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Este lunes por la noche presentó su renuncia al liderazgo de los legisladores oficialistas, motivado por las diferencias en el trato cerrado con el Fondo. Su rol en el recinto era fundamental, porque la renegociación de la deuda aún requiere de la aprobación del Poder Legislativo. Igualmente, sostendrá su banca como congresista.
A las pocas horas de hacerse pública esta decisión, y ante el silencio de la líder y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, el jefe de Estado, Alberto Fernández, acudió a uno de los noticieros más vistos del país: "El presidente soy yo", remarcó en C5N.
"Cristina también tiene sus matices y diferencias con el tema del Fondo, es así, yo lo sé", dijo Fernández. "Pero, hay un punto en el que tengo que tomar las decisiones y tengo que resolverlo, estoy convencido de que tomamos el mejor camino", añadió. Y siguió: "Eso no quiere decir que en el Frente de Todos no haya matices, visiones más preocupadas por que este acuerdo conduzca a algún tipo de ajuste, que nosotros no queremos hacer. Eso lo respeto". Ahora, más allá de la determinación del jefe del bloque, la gestión debe continuar. "Máximo tomó esta decisión, mañana estaremos decidiendo quién lo reemplaza", sostuvo Fernández.
Posiciones encontradas
El reciente acuerdo con el FMI consiste en un nuevo préstamo por el mismo monto que el acordado bajo el macrismo, que se va a utilizar para poder afrontar los vencimientos en los pagos de la deuda anterior. Es que, solo este año, Argentina debe pagar 18.000 millones de dólares y otros 19.000 millones en el 2023, cifras muy difíciles de cumplir.
El representante argentino ante el Fondo, Sergio Chodos, explicó en Radio Con Vos que durante los primeros dos años y medio habrá desembolsos destinados al endeudamiento de Macri, para evitar el 'default' (incumplimiento de pago). Es decir, el dinero saldrá del FMI, irá a Buenos Aires, y regresará al FMI. Luego, habrá una etapa intermedia, y se espera que en 2026 comience a pagarse este nuevo financiamiento, pero con plazos más accesibles: hay entre cuatro y diez años para abonar el total. "Aproximadamente, en el 2034 habrás pagado la última cuota para pagar lo del 2018", calculó el funcionario. Por ello, el acuerdo legislativo será fundamental, ya que esto implicará a otras administraciones futuras.
Sobre la negociación en sí misma, el presidente insistió en que se fijaron las bases "preservando a la economía argentina", subrayando que "es el mejor acuerdo que se podía lograr con el Fondo". Y remarcó: "Cuando uno mira los acuerdos que precedieron a este, en condiciones parecidas, este acuerdo es casi único". A su vez, Fernández recordó la renegociación de otra pesada deuda con el FMI bajo el Gobierno de Néstor Kirchner, su padrino político, que se logró abonar tras dos años de crecimiento sostenido. "Hay que tener presente que la deuda que hoy tenemos con el Fondo, es cuatro veces y media mayor que aquella", destacó.
En la oposición, el partido que tomó el préstamo cuando estaba en el poder, Juntos por el Cambio, consideró como "positivo" el entendimiento logrado por la administración peronista, "que evita un costoso 'default". Igualmente, aclararon que el asunto será evaluado por el Poder Legislativo, tal como lo establece una ley impulsada bajo el Gobierno de Fernández.
En contrapartida, en el denominado 'kirchnerismo duro' se cuestiona que Argentina no reclame a nivel internacional todas las irregularidades cometidas en el endeudamiento. Por fuera del Frente de Todos, un grupo de exfuncionarios y actuales dirigentes kirchneristas, bajo el nombre de Soberanxs, pide recurrir a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para que emita una Opinión Consultiva, remarcando la "violación por parte del Fondo de los artículos I, V y VI de su propio Convenio Constitutivo", al incentivar la fuga de capitales.
La principal oposición al pacto alcanzado por Alberto Fernández viene del partido gubernamental. Dentro del Frente, el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau avisó que en el Congreso "llamarán la atención de los riesgos y peligros que tiene el acuerdo", agregando que el convenio "deja muchas dudas". También lamentó que antes de la renegociación se hubiesen pagado más de 6.000 millones de dólares, en un contexto de pandemia.
Estas posturas van en sintonía con el comunicado de renuncia de Máximo Kirchner, quien pidió reprimendas para el Fondo: "No aspiro a una solución mágica, solo a una solución racional. Para algunos, señalar y proponer corregir los errores y abusos del FMI, que nunca perjudican al organismo y su burocracia, es una irresponsabilidad. Para mí lo irracional e inhumano, es no hacerlo. Al fin y al cabo, el FMI demuestra que lo importante no son las razones, ya que solo se trata de fuerza. Quizás su nombre debiera ser Fuerza Monetaria Internacional". Incluso consideró que el Fondo financió al Gobierno de Macri solo para intentar su reelección en 2019, sin éxito. Esta hipótesis tomó fuerza luego de que Mauricio Claver-Carone, quien representaba a la Casa Blanca en el FMI, revelara los esfuerzos que hizo Washington para que se aprobara el crédito.
A todo este malestar, se suma que Fernández llegó al Gobierno remarcando que Macri tomó un empréstito sin su debate en el Congreso, violando la Constitución del país. Por eso, para los críticos, este nuevo acuerdo legitimaría aquel financiamiento irregular y cedería soberanía, al someter al país a los controles trimestrales por parte del organismo financiero.
Uno de los puntos centrales del acuerdo con el Fondo es la reducción del déficit fiscal, para un país que tiene más gastos que ingresos: se plantea que la pérdida sea del 2,5 % del PBI para este año, 1,9 % en el 2023 y 0,9 % en el 2024, intentando que ello no genere grandes impactos sociales. Entre tanto, el Gobierno hace la promesa de que no habrá ajuste. El ministro de Economía, Martín Guzmán, sostuvo que "se mantendrán todos los derechos de los jubilados y jubiladas", no habrá "ninguna reforma laboral" ni tampoco "privatización de empresas públicas".
No obstante, hay desconfianza en el aire por los antecedentes de Argentina cuando se vio sometida a las directivas del organismo. Inexorablemente, habrá que hacer revisiones para pagar sumas tan grandes de dólares, mientras la inflación crece y la moneda nacional se devalúa en consecuencia. En el kirchnerismo duro, la congresista Fernanda Vallejos, caracterizada por su estilo vehemente, concluyó: "Sí hay ajuste, y el que diga lo contrario, lisa y llanamente está mintiendo".
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