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España ofrece a Perú su cooperación para atender la crisis desatada por el derrame de Repsol mientras se esperan sanciones

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La empresa española aseguró que más de 2.000 personas participan en el operativo para limpiar playas y mares.
España ofrece a Perú su cooperación para atender la crisis desatada por el derrame de Repsol mientras se esperan sanciones

El secretario de Estado para Iberoamérica de España, Juan Fernández Trigo, realizó este miércoles una gira en Perú, en donde se solidarizó con el Gobierno por el derrame petrolero provocado por la compañía Repsol el pasado 15 de enero y que originó una tragedia ambiental en las costas del país sudamericano.

"Le he trasladado al viceministro Luis Enrique Chávez la solidaridad de España y el compromiso de nuestro país con las políticas medioambientales. Las relaciones entre España y Perú son sólidas y queremos seguir fortaleciendolas", aseguró el funcionario en sus redes sociales.

La cancillería peruana, por su parte, informó que el diplomático español también ofreció cooperación para atender la crisis desatada por el derrame y que ya tiene aristas políticas y judiciales.

"El embajador agradeció las muestras de solidaridad como reflejo del buen estado de la relación bilateral y recalcó el rol de la Cancillería en la canalización de los ofrecimientos de cooperación internacional para la remediación del daño ambiental causado", añadió.

El viaje del funcionario español se produce después de que el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) de Perú paralizase la carga y descarga de hidrocarburos y cualquier otro producto en las terminales de la refinería La Pampilla, operada por Repsol, al considerar que existe el riesgo de un nuevo derrame.

Freno a las actividades

"No pretendemos desabastecer de combustibles a nuestro país, requerimos que la empresa garantice en el más breve plazo posible las condiciones adecuadas para continuar sus operaciones sin generar impactos negativos en el medio ambiente", explicó en un comunicado este organismo que depende del Ministerio del Ambiente.

La paralización de las actividades operativas rige desde el pasado lunes, mientras el Gobierno del presidente Pedro Castillo analiza las sanciones que le impondrán a Repsol, la cual, a su vez, mantiene un operativo de limpieza en las aguas invadidas por petróleo.

El OEFA advirtió que tomó esta decisión "frente al riesgo de que existan nuevos derrames que puedan afectar el mar y ecosistemas marinos sin que puedan ser adecuadamente controlados por la empresa".

Denunció, por ejemplo, que el sistema de detección temprana de fugas de hidrocarburos con el que la empresa contaba desde 2016, "no estaría funcionando" y que "las acciones de respuesta inmediata contenidas en el plan de contingencia no habrían sido ejecutadas de manera adecuada para detener el desplazamiento del petróleo derramado".

Además, los equipos y materiales considerados en el plan de contingencia de Repsol no habrían sido suficientes para contener y mitigar derrames de petróleo de grandes volúmenes o dimensiones, como el ocurrido hace dos semanas.

El organismo explicó que la reanudación de carga y descarga de los hidrocarburos depende exclusivamente de que la empresa cumpla en los próximos días con el compromiso de presentar el Plan de Gestión y Documentos Sustentatorios que aseguren su capacidad operativa.

Crisis abierta

El pasado 15 de enero, el buque Mare Doricum, de bandera italiana y propiedad de Repsol, registró un derrame de petróleo mientras realizaba labores de descarga en la refinería La Pampilla, ubicada en La Ventanilla (provincia de Callao).

La empresa adjudicó el accidente al "oleaje anómalo" provocado por la erupción del volcán submarino Hunga Tonga, localizado en el Océano Pacífico, pero el Gobierno de inmediato apuntó a la responsabilidad de Repsol, a la que acusó de haber mostrado "una actitud probablemente dolosa" y "falta de transparencia".

Por otra parte, la empresa aseguró en un principio que se habían derramado 6.000 barriles de petróleo, pero luego reconoció que habían sido 10.396. El Gobierno, en tanto, aseguró que eran 11.900 y reportó la muerte de decenas de especies marinas y afectaciones a la flora.

Las autoridades declararon una emergencia ambiental por tres meses y calcularon que habían sido afectadas 180 hectáreas de playas y 713 de mar, mientras que la Fiscalía inició una investigación y les impidió salir del país a cuatro directivos por un periodo de 18 meses.

Lo que el Gobierno calificó como "un desastre ecológico" quedó envuelto, también, por la permanente crisis política que enfrenta el presidente, ya que en medio de la investigación por el derrame, Castillo cambió a su gabinete.

Así, en el Ministerio del Ambiente salió Rubén Ramírez y llegó Wilber Dux Supo Quisocala, un geógrafo que de inmediato causó controversia debido a sus escasos antecedentes profesionales.

Todavía el lunes, Ramírez visitó el Centro de Control de Emergencia de Repsol en la refinería para constatar los avances en las tareas de limpieza, pero horas más tarde fue sustituido por Supo Quisocala, quien la semana pasada, durante una manifestación, ya había exigido la expulsión de la petrolera española.

Acosada por las denuncias del Gobierno y de las organizaciones ambientalistas, Repsol Perú aseguró que ya recuperó el 35 % del petróleo derramado y que más de 2.000 personas están limpiando la zona afectada con el apoyo de 44 unidades de maquinaria, 89 embarcaciones, 38 'skimmers' (equipos de limpieza marina) y 68 tanques flotantes.

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