La apuesta ministerial de Pedro Castillo queda (otra vez) en entredicho tras las acusaciones contra el primer ministro por agredir a su esposa e hija

El nuevo Gabinete presentado por el presidente de Perú, Pedro Castillo, no ha logrado disipar las dudas que giran en torno al Gobierno tras darse a conocer que el flamante primer ministro, Héctor Valer Pinto, tenía denuncias por ataques físicos contra su esposa e hija, causando repudios de organismos defensores de los derechos de las mujeres, que cuestionan la designación. 

Los nuevos funcionarios de la administración juramentaron sus cargos el martes, en medio de otra crisis política que sacude al Ejecutivo. Se trata del tercer equipo de Gobierno que presenta Castillo en tan solo seis meses de gestión, quien anunció la renovación este lunes: "El Gabinete está en constante evaluación", decía en redes sociales.

Luego, Mirtha Vásquez, la anterior presidenta del Consejo de Ministros, aclaró que en verdad no la habían removido de su cargo, sino que había renunciado "ante la imposibilidad de lograr consensos", junto a una seguidilla de dimisiones de otros importantes funcionarios. 

De una u otra forma, el jefe de Estado presentó a sus 19 ministros —entre renovaciones y ratificaciones en los cargos— para intentar transmitir tranquilidad a la población. Lejos de eso, está recibiendo una lluvia de críticas por haber colocado a Valer Pinto al frente del Gabinete, en reemplazo de Vásquez.

Antecedentes

Valer Pinto (62) es abogado y el año pasado había asumido su banca como congresista para el período 2021-2026. El dirigente pasó por varios partidos de distintas tendencias ideológicas, incluyendo la Alianza Popular Revolucionaria Americana (APRA), el derechista Renovación Popular y, más cerca en el tiempo, Somos Perú. En 2022 conformó el frente Perú Democrático, y en enero, junto a otros diputados de su bancada, hizo pública su intención de crear una nueva Constitución para "ayudar a la estabilidad jurídica en el país y a su gobernabilidad". 

Al margen de su trayectoria, cuando asumió su nuevo rol en el Poder Ejecutivo se dieron a conocer polémicos antecedentes de su vida personal, que salpicaron la asunción. En 2016, su hija, Catherine Valer Montoya, y su esposa, Ana Montoya Leo, lo denunciaron por violencia familiar.

Catherine radicó su denuncia el 26 de octubre de ese año en la comisaría del distrito de San Borja, señalando que el padre "le propinó bofetadas, puñetes y patadas en el rostro y diferentes partes del cuerpo", sumado a "jalones de los cabellos". 

Sin embargo, la jueza Roxana Palacios señaló que no podía corroborar el maltrato físico en este caso puntual. En cuanto a Montoya Leo, quien falleció el año pasado, la jueza sí consideró admisible su denuncia, repasando que se presentó un certificado médico legal que refleja "indicadores de maltrato corporal en la citada persona, presuntamente proveniente del denunciado Héctor Valer Pinto", dice la resolución citada por El Comercio. Así, la Justicia ordenó "medidas de protección" para aquella mujer.

En el pronunciamiento, se le remarcó al político que tiene prohibido realizar acciones violentas o de acoso contra su esposa, "bajo apercibimiento de ser denunciado penalmente por desobediencia o resistencia a la autoridad". Además, se resolvió oficiar a la Policía Nacional para que resguarde de forma "oportuna y eficaz" a la denunciante. 

En una entrevista con La República, Valer rechazó las acusaciones: "Nunca estuve enterado, hasta ahora, de la denuncia. Mi hija nunca me lo dijo. Es cierto que le llamé la atención a mi hija, pero nunca la golpeé. No pienso renunciar, porque esto es una patraña. Lo que quieren es derivar a un primer ministro que no tiene sentencia". 

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción del departamento de Ucayali acaba de iniciar una investigación contra Valer ante la sospecha de que se benefició de modo irregular por un contrato entre la Municipalidad de Coronel Portillo y la empresa de carnes Coincar-Ucayali, entre 2016 y 2017, cuando él era el representante legal de la firma. Para el Ministerio Público, el acuerdo entre la compañía y el Estado no fue sujeto a una evaluación.  

Repudios 

Con este polémico historial, varias organizaciones sociales expresaron su malestar al enterarse de su designación como primer ministro: "Valer, además de haber sido denunciado por violencia en agravio de su esposa y su hija en 2016, ha tenido a lo largo de estos años desafortunados comentarios machistas y un posicionamiento contra el enfoque de género", destacó el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán. 

Gloria Montenegro, exministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, expresó: "Valer tiene un collar de delitos. Los casos de violencia contra la mujer en nuestro país son delitos y deben ser sancionados, tiene además denuncias por corrupción. ¿Ese tipo puede liderar un gabinete?".

Dentro del Congreso, la diputada de Somos Perú Ruth Luque, cuyo bloque apoyó a Castillo en la segunda vuelta electoral, reprochó: "Un Gobierno que llegó con la esperanza del cambio no puede cobijar a quienes carecen de idoneidad y convicciones garantes de los derechos". 

En medio de la polémica, el martes Valer no participó de la conferencia de prensa posterior a la sesión del Consejo de Ministros. Quien sí estuvo fue el nuevo ministro de Defensa, José Gavidia, y fue consultado por las denuncias que tiene el primer ministro: "Los temas personales, realmente son personales", contestó. Según el programa Latina, Gavidia también tiene una denuncia por violencia familiar.

¿Habrá voto de confianza?

Entre tanto, Castillo ya acumula 14 bajas de ministros desde que llegó al Palacio de Gobierno en julio, siendo el presidente que registra el mayor recambio de funcionarios en el inicio de una administración. Ahora, el Ejecutivo requiere el voto de confianza del Poder Legislativo para ratificar al nuevo equipo de funcionarios, pero Renovación Popular, Fuerza Popular y Avanza País ya manifestaron su rechazo.

Es más, una legisladora de esta última fuerza, Patricia Chirinos, ya avisó que intentarán realizar un juicio político para expulsar al mandatario, "por sus permanentes infracciones constitucionales, su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su Gobierno", una postura compartida por otras bancadas. En diciembre, el político de izquierda ya había logrado sobreponerse a un intento destituyente en el Congreso, impulsado mediante una moción de censura. Ahora, Castillo intenta afianzarse en medio de las críticas e incluso fracturas al interior de su propio partido, Perú Libre. El futuro, es incierto. 

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