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Aumentan la condena para un jerarca de la dictadura de Pinochet y llega a los 200 años de cárcel
Pedro Espinoza Bravo tiene casi 30 sentencias en su contra por violaciones a los derechos humanos durante el Gobierno de facto.
El exmilitar Pedro Espinoza Bravo, quien ocupaba el segundo lugar en el mando de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), recibió una nueva condena por violaciones a los derechos humanos en Chile durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y ya acumula más de 200 años de cárcel por distintos fallos en su contra.
En concreto, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago elevó una pena de cinco a diez años por el caso del secuestro de Juan Héctor Moraga Garcés, un obrero de la construcción, dirigente de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y militante del Partido Comunista (PC). El Poder Judicial comunicó la noticia este viernes y destacó que se trató de un fallo unánime.
De esta forma, el Tribunal rechazó los planteos de la defensa, dejando más satisfecha a la abogada querellante, Andrea Gattini: "La pena impuesta por la Corte de Apelaciones es más acorde con la gravedad de los hechos, sobre todo considerando que Juan Moraga Garcés sigue como detenido desaparecido, manteniendo dicha herida abierta para su familia y cercanos", expresó la letrada.
"Un ciclo inhumano, cruel y degradante"
El trabajador, cuyo paradero todavía se desconoce, fue detenido de modo irregular el 26 de julio de 1976. En ese momento, tenía 32 años, era casado y padre de cinco hijos. A nivel oficial, el Estado reconoce que la dictadura chilena produjo 3.000 asesinatos o desapariciones forzadas, cerca de 28.000 víctimas de tortura y 40.000 damnificados en total, aunque muchos denunciantes y defensores de los derechos humanos sostienen que las cifras son mayores.
Por su parte, el criminal de este caso acumula casi 30 condenas en su contra. En la resolución reciente, la Justicia subrayó que, por su cargo jerárquico, Espinoza Bravo no podía desconocer los secuestros de la época ni mucho menos las aberraciones a las cuales eran sometidas las víctimas.
Al respecto, la Corte destacó las torturas "para obtener información acerca de sus acciones y sus compañeros", algo calificado como "un ciclo inhumano, cruel y degradante que no siempre terminaba con la libertad de los plagiados, sino con su muerte y desaparición".
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