La Fiscalía estadounidense solicitó a un juez que imponga una pena de 10 años de prisión por narcotráfico al excomandante de la Policía Federal de México, Iván Reyes Arzate, quien trabajó bajo la supervisión del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna (2006-2012), actualmente en prisión a la espera de su juicio.
En la antesala del juicio del próximo miércoles 9 de febrero, los fiscales del caso solicitaron al juez Brian Cogan una pena de 10 años de prisión en contra de Reyes Arzate, quien el 19 de octubre de 2021 se declaró culpable del delito de conspiración para traficar cocaína ante la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York.
"El Gobierno sostiene respetuosamente que una sentencia de 10 años de prisión es suficiente, pero no mayor de lo necesario con base en los hechos de este caso", se lee en el oficio dirigido al juez Cogan.
En caso de aceptar el acuerdo de la Fiscalía por una pena mucho menor a otras dictadas en EE.UU. por delitos de drogas, Reyes Arzate podría testificar en el caso de García Luna, a quien se le acusa de conspiración para traficar y distribuir drogas y de recibir sobornos por parte del Cártel de Sinaloa a cambio de protección.
Colaboración con agencias de EE.UU.
Desde 2008, Reyes Arzate fue titular de la Unidad de Investigación Sensible (SIU, por sus siglas en inglés) de la Policía Federal de México, un programa que fue instalado en 1997 por la Agencia Antidrogas de EE.UU. (DEA, por sus siglas en inglés).
Los oficiales de la SIU trabajaban de manera coordinada con los agentes de la DEA en acciones de combate a las drogas y contra el lavado de dinero. La colaboración entre agencias mexicanas y estadounidenses se profundizó en el marco de la 'guerra contra el narcotráfico' declarada por el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012).
De acuerdo con las investigaciones del Gobierno estadounidense, Reyes Arzate recibió coimas de una organización criminal identificada como El Seguimiento 39 —que según las autoridades estaría asociada con el Cártel de Sinaloa y con los hermanos Beltrán Leyva—, a cambio de ofrecerles información sobre las investigaciones que había en su contra.
"El acusado se reunió personalmente con los líderes del cártel, compartió información con ellos sobre la investigación estadounidense y aceptó un soborno de 290.000 dólares a cambio de su asistencia y la ayuda de otros funcionarios corruptos", reza el oficio dirigido al juez Cogan.