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La Corte Interamericana analiza una demanda de una comunidad indígena contra Guatemala por la propiedad de sus tierras
El organismo revisa el caso de la comunidad maya Q'eqchi' de Agua Caliente, que exige el título de propiedad colectiva sobre su territorio ancestral.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) analiza este miércoles la demanda que interpuso la comunidad indígena Q'eqchi' de Agua Caliente contra el Estado guatemalteco para obtener la titularidad de sus tierras.
La comunidad maya Q'eqchi' de Agua Caliente en el Lote 9, ubicada en el municipio El Estor del departamento de Izabal (fronterizo con Belice y Honduras), llevó el caso ante la Corte IDH para exigir el título de propiedad colectiva sobre sus tierras y territorios ancestrales.
Según los demandantes, durante más de 40 años han realizado las gestiones necesarias, pero en el proceso se han registrado "múltiples omisiones e irregularidades en la tramitación de la solicitud", según el comunicado de la Corte IDH sobre el caso.
⌛Estamos en receso en la #AudienciaPública del Caso Comunidad Indígena Maya Q’eqchi’ Agua Caliente Vs. Guatemala 🇬🇹. En esta primera parte de la Audiencia la Corte ha escuchado a la @CIDH, los representantes de las presuntas víctimas y a la representación del Estado. pic.twitter.com/sZviTrSJIg
— Corte Interamericana de Derechos Humanos (@CorteIDH) February 9, 2022
En el territorio de Agua Caliente Lote 9, en donde viven 76 familias, el Gobierno centroamericano otorgó concesiones para la extracción de níquel a la Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN), filial de la minera suiza Solway Investment Group. Ante la falta de límites de exploración en estos contratos, la comunidad maya fue víctima de desplazamientos y amenazas por parte de empresarios.
Además, los demandantes aluden que en la entrega de concesiones y permisos del proyecto minero, el Estado guatemalteco no cumplió con el derecho de las comunidades indígenas a una consulta previa, libre e informada.
"Se alega que las omisiones en la elaboración del estudio de impacto ambiental, así como de las licencias de exploración y explotación del proyecto minero, constituirían una violación de los derechos a la propiedad colectiva, al acceso a la información, y a participar en los asuntos susceptibles de afectarles", se lee en el comunicado de la Corte IDH sobre la demanda interpuesta ante el organismo.
Pese a que desde la década de 1980 solicitaron al Instituto Nacional de Transformación Agraria (INTA) de Guatemala que les dieran un terreno, en calidad de patrimonio agrario colectivo a cambio de un pago, no recibieron las escrituras de esos predios, según reportó la agencia AP, que tuvo acceso a la demanda.
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