El Instituto de Transparencia desestima la petición de López Obrador para investigar el salario del periodista Loret de Mola

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) informó este miércoles que carece de las facultades legales para investigar los ingresos del periodista Carlos Loret de Mola, como solicitó el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador el pasado martes.

La comisionada presidenta del organismo, Blanca Ibarra, aclaró durante la sesión de este miércoles que el INAI "no cuenta con facultades constitucionales ni legales para realizar investigaciones sobre las percepciones y los bienes de personas físicas". 

En el documento, que fue leído en el Pleno del INAI, Ibarra recordó que "cualquier autoridad del Estado mexicano tiene el deber y la obligación de garantizar la protección de los datos personales que tenga en su posesión". Por lo tanto, para difundir información personal de un particular es necesario "contar con su consentimiento previo", que debe ser entregado de forma "libre, específica e informada".

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Polémica

En una misiva dirigida a la comisionada Ibarra, López Obrador le solicitó al INAI realizar "una investigación para hacer públicas las percepciones, los bienes y el origen de la riqueza que posee el señor Carlos Loret de Mola, socios y familiares". El viernes pasado, el mandatario difundió en su conferencia matutina el supuesto salario que recibió el periodista en 2021.

La difusión del supuesto salario y la petición al INAI se enmarca en la polémica que estalló después de que el sitio donde colabora Loret de Mola, Latinus, publicara una investigación en la que se informó que el hijo mayor del mandatario, José Ramón López Beltrán, y su esposa, Carolyn Adams, han vivido en dos propiedades en Texas, una valorada en un millón de dólares y otra en 371.000 dólares. La primera mansión, ubicada en Conroe, era propiedad de un alto directivo de Baker Hughes, una compañía que tiene contratos con Petróleos Mexicanos (Pemex). 

En la respuesta, el INAI le recordó al jefe del Ejecutivo que "los sujetos obligados y las personas servidoras públicas tienen el deber de respetar la confidencialidad de la información, en ejercicio del encargo público que desempeñan". La excepción es cuando se trata de "ingresos recibidos directamente del erario público".

"El INAI hace hincapié en que todas las instituciones del Estado mexicano, así como todas las personas servidoras públicas, están obligadas a cumplir de forma irrestricta con los principios y deberes de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados", concluyó el organismo.