Siete meses después de haberse instalado, la Convención Constitucional de Chile ya votó los primeros 20 artículos de una nueva Carta Magna a la que le están imponiendo un sello progresista y que ha sido discutida en sesiones maratónicas y cargadas de emotividad, ya que sus integrantes están conscientes de que protagonizan uno de los momentos más importantes de la historia del país.
Los 155 convencionales que forman parte de este órgano, y que fueron electos por el voto popular el 15 y 16 de mayo de 2021, asumieron el 4 de julio del año pasado con la misión de escribir el borrador de la Constitución que sustituirá a la que está vigente y que es herencia del fallecido dictador Augusto Pinochet.
La iniciativa deberá estar terminado entre agosto y septiembre de este año y después se someterá a un plebiscito para que la ciudadanía decida si la aprueba o la rechaza. Si el voto es mayoritariamente positivo, la nueva Constitución será promulgada por Gabriel Boric, el líder de izquierda que jurará como presidente el próximo 11 de marzo.
El simbolismo rodea por completo a este proceso, ya que tanto la Convención como el triunfo de Boric son resultado del estallido social que enfrentó Chile a partir de octubre de 2019 y que puso en jaque al Gobierno de Sebastián Piñera, el presidente que jamás logró recuperarse de las protestas masivas en su contra.
Su debacle política se tradujo en la derrota de la derecha en todas las elecciones realizadas desde entonces. En la Convención, la alianza conservadora Vamos por Chile apenas si obtuvo 38 escaños, muy lejos de los 52 que necesitaba para tener derecho de veto en las votaciones.
Por eso, desde que comenzaron los trabajos, los convencionales de derecha, que son minoría, han replicado quejas sobre el funcionamiento del organismo. Y las reforzaron ahora que la nueva Constitución comienza a tomar forma.
Organización
La mayoría de la Convención quedó en manos de organizaciones y partidos de izquierda o progresistas que postularon a una nueva generación de líderes que desplazaron a la clase política tradicional chilena.
Feministas, ambientalistas y activistas de la diversidad sexual y de los derechos humanos en general tienen predominio en un órgano que, en su diseño, contempló la equidad de género y cuotas para los pueblos indígenas; y que hasta ahora eligió a dos mujeres como presidentas: la intelectual mapuche Elisa Loncón y la investigadora María Elisa Quinteros Cáceres.
Durante sus primeros meses de existencia, la Convención se dedicó a definir un reglamento interno, los grupos de trabajo y sus integrantes. Así, se dividió en 10 comisiones:
- Sistema Político, Gobierno, Poder Legislativo y Sistema Electoral.
- Principios Constitucionales, Democracia, Nacionalidad y Ciudadanía.
- Forma de Estado, Ordenamiento, Autonomía, Descentralización, Equidad, Justicia Territorial, Gobiernos Locales y Organización Fiscal.
- Derechos Fundamentales.
- Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales Comunes y Modelo Económico.
- Sistema de Justicia, Órganos Autónomos de Control y Reforma Constitucional.
- Sistemas de Conocimiento, Culturas, Ciencia, Tecnología, Artes y Patrimonios.
- Participación Popular.
- Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacional.
- Enlaces Transversales.
Acordar su funcionamiento y las comisiones le demandó meses de trabajo a la Convención, lo que generó ansiedad y crítica en parte de los medios y en ciudadanos que querían ver lo más pronto posible avances en la redacción de los artículos que, para ser incorporados, deben obtener el apoyo de por los menos dos tercios de los convencionales, o sea, 103 votos, lo que obliga a debatir de manera intensa y durante varias horas, ya que las fuerzas de izquierda o progresistas que tienen amplia mayoría no actúan de manera abroquelada.
Novedades
El jueves y el viernes pasados, el pleno de la Convención culminó entre aplausos, y en algunos casos lágrimas, la votación de los primeros 20 artículos de la Constitución. Se trata de normas sobre el sistema de justicia y formas de Estado.
Los primeros cinco fueron aprobados en su totalidad el jueves y se refieren al principio de justicia abierta que abarca transparencia, participación y colaboración (Artículo 13); paridad y perspectiva de género en la integración de todos los órganos del poder judicial y la resolución de causas con enfoque de género (14); la garantía de tutela jurisdiccional para todas las personas (6); la gratuidad del acceso a la justicia (10); y mecanismos colaborativos de resolución de conflictos (16).
Durante esa jornada, otros cinco artículos fueron aprobados solo de manera parcial, por lo que deberán volver a la Comisión de Sistema de Justicia para discutir de nuevo los incisos que no obtuvieron las dos terceras partes de los votos.
Se trata de las normas que reconocen la plurinacionalidad, pluralismo jurídico e interculturalidad de la función jurisdiccional (Artículo 15); el principio de responsabilidad jurisdiccional de las y los jueces en todo caso de corrupción y prevaricación en los tribunales a su cargo (11); la independencia, imparcialidad y exclusividad de las y los jueces (3); el derecho del acceso a la justicia (5) y la publicidad de las resoluciones judiciales basadas en la probidad y transparencia (12).
Hasta aquí, la nueva Constitución chilena incorpora como aspectos más novedosos la perspectiva de género que ningún otro país ha impuesto como principio en su Carta Magna; y el reconocimiento de que es un país plurinacional, lo que apunta a terminar con la discriminación ancestral que han padecido las comunidades indígenas.
Esta visión quedó reforzada el viernes, al aprobarse en su totalidad 15 artículos con respecto a las formas de Estado.
El Artículo 1, por ejemplo, establece que Chile es "un estado regional, plurinacional e intercultural conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad entre todas ellas, preservando la unidad e integridad del Estado", mientras que el 10 garantiza y promueve "el reconocimiento político y jurídico de los pueblos y naciones preexistentes al Estado".
En el resto de los apartados se amplían definiciones sobre la autonomía, solidaridad, cooperación, competencia de las entidades territoriales (regiones, provincias y comunas) y la postulación y cesación de cargos en las mismas con base en premisas de paridad de género, probidad y representatividad. También imponen una política permanente de equidad territorial de desarrollo sostenible y armónico con la naturaleza.
Reclamos
Ni Piñera ni sus aliados están conformes con la Convención ni con las definiciones políticas que establecen para el país un nuevo marco normativo de tendencia progresista.
La semana pasada, cuando ya era inminente la aprobación de los primeros artículos, el presidente, que dejará el cargo el próximo 11 de marzo, advirtió que una Constitución no es una ley ni un programa de Gobierno, por lo que es fundamental que represente a toda la sociedad.
"Falta mejor voluntad, si terminamos con una Constitución que nos sigue dividiendo, no vamos a haber resuelto el gran desafío que tenemos de encontrar el gran marco de unidad, de estabilidad, de proyección, y dentro de ese marco poder procesar nuestras legítimas diferencias", acusó.
En concreto, el presidente pidió que se incorporen "valores" del pueblo chileno como la libertad, la familia, el derecho de los padres a educar a sus hijos y la libertad religiosa. Es decir, postulados de la derecha que, como se encuentra en minoría en la Convención, no puede imponer.
La inconformidad de los conservadores ya derivó en protestas. La semana pasada, convencionales del bloque piñerista Vamos por Chile y de otras bancadas de derecha se declararon en "estado de reflexión", lo que desató especulaciones sobre la posibilidad de que quieran boicotear el trabajo de la Convención e incluso de que abandonen sus cargos en señal de protesta.
"Se está creando una Constitución que divide a los chilenos, que crea categorías de chilenos", denunció la convencional Carol Brown.
Por otra parte, Cristián Warnken, un famoso conductor televisivo, ya creó el grupo "Amarillos por Chile", que ha sido ampliamente publicitado y que apunta a desacreditar a la Convención, que exige "gradualidad" y que se tomen en cuenta las propuestas conservadoras.
"Si vetas a la derecha, que es el 40 % del país, lo único que vas a conseguir es una victoria pírrica, es una Constitución que va a nacer coja", advirtió el comunicador, que ya anunció que promoverá la creación de comisiones de trabajo alternos a la Convención. La respuesta de sus críticos es que podría haberse postulado para formar parte de este órgano y respetar así la institucionalidad.
El activismo de "Amarillos por Chile" se tradujo en un manifiesto firmado por decenas de políticos y personajes de la llamada "sociedad civil" que advierten que la Convención puede generar un "estallido institucional" si su propuesta de Constitución finalmente no es aprobada en el plebiscito.
"Muchas de las propuestas que han emanado de las comisiones y algunas de las que ya están alcanzando los 2/3 en el Pleno están encendiendo la señal de alerta entre quienes no queremos la deconstrucción de Chile, ni su desmembramiento, ni su refundación desde cero, señala un escrito que denuncia "el intento de algunas facciones radicalizadas de la Convención de ignorar, e incluso borrar" al significativo sector político del país que significa la centroderecha.
Pese a las presiones y controversias, la Convención continúa sus trabajos y, a sabiendas de que el tiempo apremia, ya discute el recorte de duración de los discursos y otros mecanismos para acelerar la redacción de una Constitución que la sociedad está esperando.
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