Una comisión del Senado de Brasil aprueba regular operaciones financieras con criptomonedas: ¿cuáles son los cambios principales?

La Comisión de Asuntos Económicos del Senado de Brasil aprobó este martes de forma unánime una reforma que determina un marco regulatorio para las operaciones financieras con criptomonedas, contemplando el delito de fraude con divisas digitales y la creación de un registro para personas políticamente expuestas. 

En el Código Penal, la modificación introduce el ilícito para aquella persona que "organice, gestione, ofrezca carteras o intermedie operaciones que involucren activos virtuales", de forma maliciosa. Es decir, siempre y cuando se pretenda "obtener una ventaja ilícita, pérdida de otra persona, inducir o mantener a alguien por error, mediante artificio, artimaña o cualquier otro medio fraudulento".

Así, los senadores que validaron los cambios estipulan condenas de entre cuatro y ocho años de prisión, sumado a sanciones económicas. El texto estipula entre sus metas fundamentales "prevenir el blanqueo de capitales, el ocultamiento de bienes, derechos y valores, combatir las actividades de las organizaciones criminales, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva, en consonancia con estándares internacionales".

Los últimos cambios de la reforma fueron propuestos por el senador Irajá Abreu, del Partido Social Democrático (PSD): "Las empresas comercializadoras de criptoactivos no están sujetas a regulación ni al control del Banco Central ni de la Comisión de Valores y Bolsa (CVM, por sus siglas en portugués), lo que dificulta que las autoridades públicas identifiquen transacciones sospechosas", alertó ante el resto de los congresistas. 

Si bien el legislador considera que el criptoactivo no puede ser controlado por la CVM, porque "no es un valor", sí destaca que el organismo debería intervenir cuando hay ofertas públicas que recauden fondos en el mercado financiero.

¿Políticos en la mira? 

Una de las grandes novedades que trae esta posible regulación es la creación de un Registro Nacional de Personas Políticamente Expuestas (CNPEP), que se publicaría en el Portal de Transparencia y estaría a cargo del Poder Ejecutivo. Esta calificación se utiliza para ciudadanos que, por su cargo e influencia, podrían estar implicados en situaciones potenciales de sobornos y actos de corrupción.  

Así, el Gobierno central, los estados y municipios deberían remitir la información sobre los políticos expuestos de cada territorio. A su vez, las instituciones reguladas por el Banco Central tendrían que "consultar al CNPEP para implementar políticas de prevención de lavado de activos y evaluar el riesgo de crédito", comunicó el Senado. 

Incentivo para el minado

Por otro lado, el texto contempla reducir a cero los impuestos adeudados por personas jurídicas hasta el 2029, una medida que se aplicaría a empresas que compren máquinas destinadas a la minería, preservación y procesamiento de activos virtuales. Además de las deudas condonadas, se anularán varios impuestos para adquirir instrumentos de minado.

A su vez, se busca beneficiar a las firmas que no contaminen, ya que la creación de las divisas digitales demanda el uso de electricidad: "Las empresas que utilicen en sus actividades fuentes de energía 100 % renovables y neutralicen el 100 % de las emisiones de gases de efecto invernadero de estas actividades tienen derecho a la tasa cero", se lee en el comunicado.

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Cómo sigue el trámite en el Congreso

Tras esta aprobación de la comisión, si no se solicita un recurso de tratamiento en el pleno del Senado, el texto podría pasar directamente a la Cámara de Diputados. Sin embargo, todavía no hay fechas estimadas para que se produzca una votación definitiva.

Entre tanto, el senador Abreu destaca que ahora hay casi 3 millones de personas registradas en casas de cambio que utilizan criptomonedas. Según la cámara alta, solo en 2018 se negociaron 6.800 millones de reales (1.345 millones de dólares) de monedas virtuales en Brasil, con la creación de 23 sitios de intercambio. "En 2019 ya había 35 empresas actuando libremente, sin la vigilancia de los órganos del sistema financiero, como el Banco Central o las bolsas de valores", informa el Congreso. 

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