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La exsenadora Piedad Córdoba pide acogerse a la JEP como víctima de secuestro de las autoridades y grupos paramilitares colombianos

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La excongresista del Partido Liberal aseguró que sufrió la "privación de la libertad" por "agentes de Estado, en asocio con grupos paramilitares".
La exsenadora Piedad Córdoba pide acogerse a la JEP como víctima de secuestro de las autoridades y grupos paramilitares colombianos

La exsenadora colombiana Piedad Córdoba solicitó este jueves ser parte de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el caso que investiga este organismo sobre los crímenes cometidos por fuerzas estatales en colusión con grupos paramiliares durante el conflicto armado.  

"Me pongo a disposición de la JEP, para ser llamada como testigo en el Caso 001 si así lo considera pertinente la Sala correspondiente. En mi labor humanitaria tuve la posibilidad de conocer situaciones y acceder a testimonios que podrían contribuir en el desarrollo final de este macrocaso", apuntó Córdoba este jueves, según recogieron medios locales. 

La excongresista del Partido Liberal pidió ser considerada como víctima ante la JEP, el mecanismo de justicia transicional que surgió tras la firma del acuerdo de paz en Colombia. 

En mayo de 1999, Córdoba fue secuestrada por el grupo criminal conocido como 'La Terraza' y posteriormente fue trasladada a un campamento de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), una organización paramilitar, terrorista y narcotraficante que operó en la nación suramericana entre 1997 y 2006.

Las AUC fueron creadas, en parte, para combatir a las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y al Ejército de Liberación Nacional (ELN).

"Fui víctima de privación de la libertad, tortura y exilio por agentes de Estado, en asocio con grupos paramilitares y recientemente se ha pretendido negar dicha condición, excluyendo a mis victimarios tanto de Justicia y Paz como de la JEP", apuntó Córdoba. 

En septiembre de 2010, Córdoba fue acusada por el procurador de la República, Alejandro Ordóñez, de extralimitarse en sus labores de mediadora en la relación entre el Gobierno colombiano y las FARC. Por estos señalamientos, Córdoba fue inhabilitada de ejercer cargos públicos durante 18 años. 

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