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La Fiscalía española archiva todas las investigaciones sobre el patrimonio de Juan Carlos I
El Ministerio Público argumenta que algunos delitos fiscales estarían prescritos y otros estarían protegidos por la inmunidad que otorga la Constitución al exmonarca hasta su abdicación en 2014.
La Fiscalía General del Estado de España ha archivado este miércoles las tres investigaciones que mantenía abiertas sobre el patrimonio del exmonarca Juan Carlos I, por lo que se descarta la presentación de una querella en su contra ante el Tribunal Supremo.
Casi dos años después de su salida del país, en agosto de 2020, fecha desde la que el exjefe de Estado reside en Abu Dabi, se cierran las causas que indagaban en la fortuna que mantenía en el exterior oculta al fisco nacional.
Las pesquisas desarrolladas no han podido acreditar ni la cuantía ni el origen de su fortuna. Ni siquiera se han podido corroborar los dos principales hitos: por un lado, las sospechas de que hubiera recibido una millonaria comisión por la adjudicación del contrato para la construcción del tren de alta velocidad a La Meca; y por otro, el motivo por el que Arabia Saudita le habría hecho una donación de 100 millones de dólares, que acabarían en la cuenta corriente de su examante, Corinna Larsen.
Durante los últimos tres años, desde junio de 2018, el Ministerio Público ha podido conocer que el rey escondió al fisco al menos 77 millones de euros: los 65 millones provenientes de Arabia Saudita; casi dos millones, regalo del Sultán de Baréin; y más de 10 millones ocultos en dos sociedades en paraísos fiscales.
Inviolabilidad y prescripción
La Fiscalía alega en los documentos de archivo que Juan Carlos I gozaba de la inviolabilidad que le otorga la Constitución Española de 1978 cuando tuvieron lugar parte de los hechos investigados, mientras que otros se encuentran prescritos. Además, da por buenas las dos regularizaciones por las que el exmonarca abonó más de cinco millones de euros.
Así, en la nota hecha pública este miércoles por la Fiscalía consta que se han "detectado cuotas defraudadas por parte del rey emérito entre 2008 y 2012, todas prescritas menos las de 2012, cuando también estaba protegido por la inviolabilidad".
Así, se reconoce que el exjefe de Estado pudo incurrir en delitos fiscales entre 2008 y 2012 por los fondos percibidos de una fundación en una cuenta en Ginebra, pero que ninguno de ellos pueden ser perseguidos judicialmente.
Juan Carlos I accedió al trono en 1975, tras la muerte del dictador Francisco Franco, quien le había nombrado su heredero en la Jefatura del Estado. Reinó durante casi 40 años, hasta que, tras varios escándalos, abdicó en 2014. La Fiscalía mantiene que la inviolabilidad que le otorgaba la Constitución Española durante todo ese tiempo se extiende también a su vida particular, por lo que no puede ser juzgado de ningún delito que haya tenido lugar en ese periodo.
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