El expresidente de Perú Alberto Fujimori acaba de recibir el beneficio de la excarcelación y se espera que salga en libertad en los próximos días, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) aprobara el indulto por razones humanitarias, que había sido otorgado en 2017 por el entonces mandatario, Pedro Pablo Kuczynski.
En concreto, los jueces admitieron el recurso de 'habeas corpus', una petición urgente para que se resguarde la integridad física de una persona. La votación de los seis magistrados salió empatada, pero el voto dirimente de Augusto Ferrero fue en favor del condenado. Así, este jueves el abogado de Fujimori, César Nakazaki, comunicó en redes sociales que ya se estaba dirigiendo hacia el penal de Barbadillo para informarle al político "este acto de justicia". También destacó que el TC finalizara la "inconstitucional anulación del indulto humanitario" y celebró el fin de una "pena inhumana".
Fujimori, de 83 años, en los últimos meses presentó complicaciones en su corazón. En marzo, se informó que tras una descompostura debió ser internado en un centro de cuidados intensivos, con un estado de salud delicado. Sin embargo, la decisión del Tribunal genera controversias en Perú y divide a la sociedad, porque los graves crímenes por los que fue juzgado el dirigente todavía permanecen en la memoria ciudadana.
Al respecto, muchos creen que Kuczynski había otorgado el "indulto médico" para conseguir apoyos en la bancada de Fuerza Popular, cuando el Congreso votaba una posible destitución presidencial. Más allá de opiniones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó a la Justicia peruana revisar si el indulto se adecuaba a las normas regionales, y en 2018 la Corte Suprema local decidió su anulación. Ahora, se revierte la decisión anterior y el Tribunal Constitucional considera que corresponde sacar de la cárcel al político.
Barrios Altos y La Cantuna
Los primeros años de Fujimori en el Gobierno estuvieron marcados por el conflicto con la agrupación armada Sendero Luminoso. Su administración se propuso combatirla y crearon un escuadrón especial del Ejército llamado Grupo Colina, para enfrentarla de forma directa. Sin embargo, algunos de sus operativos terminaron en tragedia, incluyendo víctimas que nada tenían que ver con esa confrontación.
El primer caso que resonó en todo el mundo es conocido como masacre de Barrios Altos, una zona popular de Lima, la capital. Según los datos recopilados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la noche del 3 de noviembre de 1991 seis individuos armados irrumpieron en un inmueble, mientras se realizaba una 'pollada' en el primer piso, que tenía como fin recaudar fondos para hacer reparaciones en la propiedad. Los agresores llegaron en dos vehículos y cubrían sus rostros con pasamontañas.
Una vez adentro, obligaron a los presentes a colocarse en el suelo, y les dispararon durante dos minutos: asesinaron a 15 personas, entre ellas un niño de ocho años, e hirieron a cuatro, dejando a una de las víctimas incapacitada de forma permanente. Rápidamente, los atacantes, de entre 25 y 30 años, se marcharon en los automóviles, haciendo sonar sus sirenas. "La Policía encontró en la escena del crimen 111 cartuchos y 33 proyectiles del mismo calibre, correspondientes a pistolas ametralladoras", se lee en el reporte.
Lo que siguió después de estos graves crímenes estatales fue la impunidad. Los heridos y las familias de las víctimas se toparon con una infinidad de trabas para que el Poder Judicial indagara los hechos. Recién en 1995, y luego de muchos obstáculos, una fiscal pudo denunciar a cinco oficiales del Ejército, y en abril de ese año la jueza Antonia Saquicuray inició una investigación formal. Sin embargo, los escasos avances judiciales se vieron bloqueados porque el Congreso sancionó, casi dos mese después, la polémica Ley de Amnistía, que exoneraba de responsabilidades a militares, policías y civiles que hubieran cometido violaciones a los derechos humanos entre 1980 y 1995. Ante la denegación de justicia en el territorio nacional, las víctimas recurrieron a instancias internacionales.
Tras varios años de espera, algo normal en casos de esta envergadura, en el 2001 la Corte Interamericana emitió una sentencia histórica contra el Estado peruano, que actualmente se estudia en las facultades de Abogacía de la región. En efecto, fue la primera vez que el máximo tribunal del continente le ordenó a un país garantizar el derecho a la verdad, remarcando que era su obligación investigar los crímenes, y que la Ley de Amnistía no tenía validez por ser contraria a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En 1992 se produjo otra tragedia que fue también protagonizada por el Grupo Colina: la masacre de La Cantuta. Ocurrió en la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, conocida como 'La Cantuta', dentro de Lima. Fueron asesinados un profesor y nueve estudiantes. Aquella casa de estudios se había ganado la fama de ser un centro de reclutamiento para las ideas maoístas de extrema izquierda, y quedó en el foco de atención gubernamental tras la explosión de un coche bomba en la calle Tarata. Dos días después del incidente, el 18 de julio, el grupo militar se introdujo en el establecimiento para secuestrar a los sospechosos, que fueron señalados por individuos infiltrados en la casa de estudios.
De igual forma que en el caso de Barrios Altos, estos delitos debieron ser tratados en la Corte Interamericana. En su fallo final, del año 2006, se comprobaron las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, cuyas consideraciones fueron citadas en la sentencia, por aquellos años había un 'modus operandi': "Selección de la víctima, detención de la persona, depósito en un lugar de reclusión, eventual traslado a otro centro de reclusión, el interrogatorio, la tortura, el procesamiento de la información obtenida, la decisión de la eliminación, la eliminación física, la desaparición de los restos de la víctima y el uso de los recursos del Estado".
Un juzgamiento difícil
En medio de una gran inestabilidad política, Fujimori, desde Japón, anunció su renuncia a la Presidencia mediante un fax, el 19 de noviembre del 2000. Dos días después, el Congreso votó su destitución, y el 23 del mismo mes, lo inhabilitaron para ejercer funciones públicas por diez años. Acto seguido, el Legislativo derogó la Ley de Amnistía, y los crímenes podían empezar a juzgarse.
El expresidente, ya con un fallo adverso de la CIDH, permaneció en el país asiático, donde obtuvo la nacionalidad japonesa. Por su parte, el Gobierno peruano solicitaba su extradición, e incluso le hizo un pedido público a Japón ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el 2005.
Finalmente, ese año el expresidente viajó a Chile, y la Corte Suprema peruana emitió una orden de detención. Fujimori permaneció privado de su libertad en la Escuela de Gendarmería de Chile por unos meses, y cuando salió en libertad bajo fianza, mientras aguardaba el fallo sobre su extradición, se postuló para ser legislador en Japón con un partido de derecha, llamado Nuevo Partido del Pueblo, pero no ganó su banca. En Chile, tras un fallo denegatorio del pedido de extradición, la Justicia peruana apeló y la Corte Suprema chilena aceptó su pedido, tras acreditar cinco delitos de corrupción y dos de lesa humanidad. Fujimori fue trasladado a Perú.
Tras un díficil proceso, en enero del 2010 la Justicia local confirmó una sentencia de 25 años por violaciones a los derechos humanos, en relación a las masacres de Barrios Altos y La Cantuna, sumado a los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer Ampudia. En 2016, el Tribunal Constitucional rechazó el pedido de nulidad de esa condena. Previamente, ya había recibido otras penas por peculado y usurpación de funciones.
En 2017, el presidente Kuczynski firmó su indulto, pero en octubre del 2018 el Tribunal ordenó su regreso a prisión para cumplir su reclusión. Antes de volver a la cárcel, en enero del 2019, Fujimori había pasado más de 100 días en un centro de salud, pero una junta médica legal determinó que estaba en mejores condiciones.
Ahora, con esta nueva excarcelación, el actual Gobierno pretende regresar a la Corte Interamericana para evitarlo, mientras Pedro Castillo advierte que hay una "crisis institucional" que "se refleja en la última decisión del Tribunal".
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