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La Fiscalía de Colombia acusa a 'Iván Márquez', disidente de las extintas FARC, del homicidio de cuatro militares y un secuestro en 1997
El Ministerio Público informó que "se mantuvo una orden de captura contra el señalado cabecilla".
La Fiscalía de Colombia acusó a Iván Luciano Márquez Marín Arango, alias 'Iván Márquez', cabecilla de la disidencia de las FARC, conocida como Segunda Marquetalia, por el asesinato de cuatro militares y el secuestro de uno más en Antioquía, en el noroeste del país, en 1997.
En un comunicado, la Fiscalía explica que con esta decisión "se mantuvo una orden de captura contra el señalado cabecilla", que fue jefe negociador de las FARC durante los acuerdos de paz de 2016 con el Gobierno de Juan Manuel Santos.
'Márquez' deberá responder en juicio por "los delitos de homicidio agravado, homicidio de persona protegida en grado de tentativa y secuestro extorsivo agravado".
El texto detalla que en la investigación llevada a cabo se averiguó que, el 2 de julio de 1997, tropas especiales del Ejército Nacional salieron a buscar a dos compañeros desaparecidos en una zona rural de Currulao, en Turbo, Antioquia.
"Enfrentamiento armado"
"En esa labor de rastreo sostuvieron un enfrentamiento armado con integrantes del bloque noroccidental de las extintas FARC", reza el texto, que añade que resultaron heridos el capitán Carlos Enrique Vidal Aponte y los soldados William Amado Suárez e Iván Ramírez Muñoz.
El enfermero de combate Fabio Pinedo Serna y el sargento Pedro José Guarnizo Ovalle llegaron al lugar para asistirlos. Según el comunicado, los cinco fueron retenidos y llevados a un campamento de las FARC.
"Los tres militares lesionados y el soldado enfermero fueron asesinados con armas cortopunzantes y disparos de fusil realizados a corta distancia. De otra parte, el sargento estuvo secuestrado casi seis años", precisa.
El sargento Guarnizo Ovalle fue rescatado en 2003 durante una operación en la que el Ejército Nacional pretendía liberar al entonces gobernador de Antioquia Guillermo Gaviria Correa, al asesor de paz del departamento, Gilberto Echeverri Mejía, y a otros integrantes de la fuerza pública que estaban en cautiverio.
"Para la Fiscalía, el actuar del grupo armado constituyó un crimen de guerra, en el entendido de que desconoció los principios de humanidad y dignidad de las víctimas, que estaban en condición de fragilidad y vulnerabilidad, y debieron ser protegidas y auxiliadas", asevera.
El 29 de agosto del 2019, 'Márquez' decidió retomar las armas y continuar la lucha guerrillera, alegando incumplimientos del Estado colombiano tras la firma del acuerdo de paz.
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