La protesta social está en el ADN de los argentinos. Después de la dictadura y las cruentas represiones durante la crisis económica entre el 2001 y el 2003, en la mayoría de los casos el Estado tolera las manifestaciones callejeras, entendidas como parte del ejercicio democrático. Salvo por escandalosas excepciones, como los duros enfrentamientos durante la reforma jubilatoria de Mauricio Macri en 2017, podemos decir que las fuerzas de seguridad tienen un rol pasivo, si se lo compara con otros países donde las manifestaciones "no autorizadas" son socavadas con palos y escudos policiales.
Al respecto, la consultora Diagnóstico Político registra desde 2009 la cantidad de piquetes —cortes de calle— que se desarrollan en el país sudamericano. El año pasado se produjeron más de 6.600, siendo la cifra más alta desde el 2014, cuando hubo 6.805 en el último tramo del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Bajo la administración de Macri, el año con más movilizaciones fue el 2016, que marcó más de 6.490. Así, en medio de una alta conflictividad social, el último recurso de interrumpir el tránsito para exponer demandas, se convirtió en la regla general.
Roberto Chiti, director de Análisis Político en aquella firma, es un claro detractor del corte de calle como forma de reclamo. Este especialista le dice a RT que enero del 2022 tuvo unos 400 piquetes a nivel nacional, febrero 460 y marzo alrededor de 800, marcando un aumento exponencial. La fuerte crecida en la interrupción de la libre circulación coincide con el reciente acuerdo entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional (FMI), muy resistido por movimientos de izquierda y agrupaciones que dependen de las asignaciones sociales del Estado.
Por lo general, el punto de ebullición suele darse en el centro de la Ciudad de Buenos Aires, siendo la Avenida 9 de Julio —conocida como "la más ancha del mundo"— uno de sus escenarios principales. De hecho, las agrupaciones van definiendo su 'calendario piquetero' para no solaparse entre ellas, y acuerdan cuándo es el mejor momento para hacerse escuchar. Solo en los últimos meses, la 9 de Julio se vio interrumpida entre dos y tres veces por semana, teniendo tres actores involucrados, pertenecientes a la misma clase social: trabajadores manifestándose para pedir mejores condiciones de vida, trabajadores que por los piquetes se demoran mucho más tiempo en llegar o volver de sus puestos laborales, y trabajadores vestidos de policías, obligados a mantener el orden en nombre de la administración pública.
Esta avenida es una arteria fundamental, que conecta la Zona Sur de la Provincia de Buenos Aires con la capital. Así, los residentes de Avellaneda y otras jurisdicciones linderas miran las noticias todas las madrugadas solo para saber si el Puente Pueyrredón estará libre o si habrá un insoportable embotellamiento, empeorando la calidad de vida de la clase obrera. Al ser una acción tan frecuente, el reclamo en sí mismo pierde interés, y el foco de atención solo se posa en la medida de fuerza.
En Argentina protestan los desempleados y trabajadores precarizados. También los movimientos sociales, para exigir mejores condiciones de vida o para que sus dirigentes tengan más visibilidad, con una demostración de fuerza. Lo hacen vecinos desorganizados que se quedaron sin luz y familiares de víctimas, para pedir justicia por un crimen. Cortan las calles los sectores conservadores, pidiendo el fin de la cuarentena o la prisión de Cristina Fernández de Kirchner. Y las rutas, por parte de empresarios del agro que se quejan de alguna medida. Incluso se movilizan los fanáticos del fútbol, celebrando un nuevo campeonato. Como común denominador, todos ellos creen que hay un buen motivo, y el Estado garantiza ese preciado derecho.
En las últimas semanas, las manifestaciones estuvieron marcadas por organizaciones de la economía popular, que reavivaron un viejo debate: qué hacer con los planes sociales. Se trata de asignaciones estatales dirigidas al mercado laboral, para intentar subsanar la falta de empleo regular. Así, la administración pública suministra fondos, controlados y repartidos por organizaciones sociales, para que los más vulnerables hagan diversos oficios.
El problema, es que esto que nació como un aliciente, se convirtió en una política de Estado, y hoy cientos de miles de personas dependen de ello. La situación empeora, porque la frágil economía argentina ofrece ingresos que están muy por debajo de la línea de pobreza. Además, el Ministerio de Desarrollo Social cerró las inscripciones para sumar a nuevos beneficiarios, algo que es interpretado como una consecuencia directa de la refinanciación de la deuda con el FMI: pese a que el Gobierno lo niegue, los movimientos piqueteros subrayan que el pago de la deuda trae más ajuste, sobre ellos mismos.
Frente a este grave conflicto socioeconómico, el gobernador de la Ciudad de Buenos Aires y antiguo aliado de Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, dijo este martes que no podía desalojar las protestas porque los manifestantes acudían con niños. También se fue al extremo de pedirle a Alberto Fernández la eliminación de los planes sociales para aquellos que hagan piquetes. Desde la calle, Eduardo Belliboni, referente del Polo Obrero, expresó durante un acampe que "la responsabilidad es del Gobierno Nacional". Y agregó: "Si me dicen que con un 'pijama party' nos recibe el ministro, lo hacemos la semana que viene".
El 'piquetero' como actor social
La consultora donde trabaja Chiti ha relevado más de 65.000 piquetes: "Configuran la gran singularidad argentina", señala. Si bien esta clase de protestas se ve en otras partes del mundo, el entrevistado considera como un fenómeno distintivo tener "organizaciones que se pueden catalogar como 'piqueteras'", es decir, que se identifican por ese tipo de acciones. "En los últimos años, han sido el actor preponderante. Es difícil de explicar, y más aún porque hay organizaciones que son parte del Gobierno", añade el politólogo. Es decir, "líderes de movimientos piqueteros que son funcionarios públicos, con rango de secretarios, en el Ministerio de Desarrollo Social", remarca.
Para ir a los orígenes de los movimientos piqueteros, hay que retrotraerse a los 90. De hecho, en medio de la expandida neoliberal que asolaba al país, muchos ciudadanos que hoy se incluyen en el llamado progresismo veían a los piqueteros como la única expresión contraria a las políticas de ajuste económico. Después, el fenómeno fue mutando.
"No podemos soslayar que el movimiento piquetero ha contado con la legitimación del Estado. Por un motivo o por otro, con mayor o menor causa, por interés, cálculo político, afinidad ideológica o miedo a la represión. No se explica solo porque haya causas objetivas para protestar, que las hay, con crisis social y económica", expresa Chiti. Para el experto, si bien la mayor parte de la sociedad rechaza el corte de calle como medida de protesta, tampoco se aprueba el uso de la fuerza pública.
El entrevistado repasa que durante el retorno de la democracia, desde 1983, "la pobreza era de un dígito", y que esta fue aumentando hasta la actualidad, con un 37,3 %. Ante la falencia estatal para responder, "muchos sectores marginales empiezan a sentirse representados por otros actores, las organizaciones, que le dan forma al fenómeno piquetero". Y añade: "Antes de la crisis del 2001, no tenías tanta pobreza, y tampoco una clase política que legitimara protestar evitando que el resto de la gente circule. A la clase política no le quedó otra opción que dar parte del monopolio de la fuerza, entendido como control del espacio público".
Otras visiones plantean que esta clase de controversias deberían ser resueltas de otras maneras, sin recurrir al aparato represivo del Estado. Es decir, con abordajes económicos, sociales, políticos y sanitarios, para atender las demandas de la ciudadanía. Chiti no está de acuerdo: "Si la respuesta es, el día en que la sociedad en su conjunto esté bien no habrá piquetes, por ahí no ocurre nunca. Hay un factor que va más allá de lo económico. Puede ser muy válido el reclamo, pero no es válido incumplir la ley porque el Estado no esté atendiendo bien una necesidad. Lo entendés un poco más, y podés abordarlo de una manera más comprensiva sobre aquella gente que no llega [a fin de mes]. Distinto es tolerar piquetes sistemáticos".
Más allá de opiniones personales, las cifras de Diagnóstico Político señalan que "a marzo del 2021 había la mitad de piquetes que a marzo de este año", dice el analista. "Si sigue la tendencia, tendrías un récord absoluto. No hay nada que indique que no vaya a ser así, el caldo de cultivo social va en esa dirección". Y concluye: "El pacto con el FMI, que busca alivianar la tensión socioeconómica, causó el efecto contrario, porque la izquierda se manifestó con más vehemencia".
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