En su lucha contra las pandillas en El Salvador, el presidente Nayib Bukele ha desplegado una serie de medidas que han generado fuertes críticas por parte de la oposición, organismos de derechos humanos internacionales y del gremio periodístico.
El martes, en pleno estado de excepción, el Congreso aprobó, con 63 votos de los 84 diputados y sin estudio ni discusión legislativa, una reforma del código penal que censura a los medios de comunicación con hasta 15 años de prisión por cualquier alusión escrita a las pandillas y que ha sido considerada como una "mordaza" al periodismo.
La ley señala a los medios de comunicación radial, televisivo, escrito o digital que "reproduzcan y transmitan mensajes o comunicados" de las pandillas que "pudieren generar zozobra y pánico a la población en general".
También castiga con la misma pena a quienes "elaboren" o "faciliten textos, pinturas, diseños, dibujos, grafitis o cualquier forma de expresión visual en bienes inmuebles de uso público o privado" que "hagan alusión a las diferentes agrupaciones o asociaciones criminales terroristas de maras o pandillas".
"Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo. Nadie dijo nada, era entendible que fuera así. Ahora nosotros haremos eso con las pandillas", justificó Bukele.
En señal de protesta, el diario El Faro decidió cerrar el jueves su web durante un día. "¿Qué deben saber los salvadoreños sobre las pandillas? Nada, según el régimen. En una democracia no es el poder quien decide lo que se publica y lo que no", denunció.
Mientras, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) subrayó que "prohibir al periodismo reportar la realidad que viven miles de personas que habitan en comunidades controladas por pandillas no surtirá ningún efecto en las vidas de esas personas, sino que creará un espejismo que no es fiel a la verdad". "No mencionar a las pandillas tampoco les hará desaparecer", añadió.
Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), comentó que "lejos de luchar contra la apología criminal, esta reforma pareciera que quiere controlar la narrativa pública y censurar a la prensa". Y en el mismo sentido, Human Rights Watch señaló que "estas disposiciones son excesivamente amplias y podrían ser utilizadas fácilmente para perseguir penalmente a críticos y periodistas".
Otras medidas
El nuevo código penal incluye que menores de 12 años que pertenezcan a una pandilla cumplan penas de hasta 10 años de cárcel y los jóvenes de entre 16 y 18 años hasta 20 años.
También establece penas de 20 a 30 años –antes eran de entre 3 y 5 años– por ser miembro de una pandilla, mientras que los cabecillas cargarán con 40 a 45 años de prisión, frente a entre los seis a nueve años previos.
Asimismo, el Congreso aprobó que el Estado pueda utilizar "los bienes, dinero, armas de fuego, valores y otros activos que hayan sido incautados a los grupos criminales y terroristas".
"De esta manera, ocuparemos sus mismos recursos para combatirlos", aseguró el mandatario, que lleva días publicando fotos de las detenciones.
Estas acciones comenzaron a raíz de una ola de violencia a finales de marzo que dejó 87 muertes, lo que llevó al legislativo a decretar el 27 de marzo el estado de excepción.
Según la Policía Nacional Civil, en los últimos 13 días se han detenido a más de 8.000 personas, que se suman a los 17.000 pandilleros que se encuentran ya en las prisiones.
Eliminar comida de las cárceles
En su "guerra" contra las pandillas, Bukele amenazó esta semana con eliminar las comidas en las cárceles si los miembros de esas organizaciones desatan una ola de criminalidad contra la ciudadanía. "No me importa lo que digan las organismos internacionales, que vengan a proteger a nuestra gente. Que vengan a llevarse a esos pandilleros, si tanto los quieren. Se los entregamos todos, al dos por uno", aseguró.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconoció "los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia".
Sin embargo, la portavoz Liz Throsell afirmó que desde la declaración del estado de emergencia se ha producido "un uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de los cuerpos policiales y militares" y pidió al Gobierno actuar conforme al "derecho internacional de los derechos humanos".
"Además del estado de excepción, nos preocupan profundamente ciertas modificaciones del derecho y del proceso penal que plantean serias preocupaciones desde la perspectiva del derecho y las normas internacionales de derechos humanos, por su imposición de elevadas condenas, incluidas las relativas a los niños, unidas a un deterioro de las garantías del debido proceso", aseguró.
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