El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este miércoles que ya tiene preparada y firmada una propuesta de reforma a la Ley Minera para nacionalizar el litio, en caso de que la reforma eléctrica que se votará el próximo domingo en el Congreso no alcance los votos necesarios para ser aprobada.
"Acabo de firmar hoy en la mañana, la iniciativa de reforma a la Ley Minera, que no requiere las dos terceras partes, es mayoría simple, para que el litio quede como propiedad de la nación", dijo en su conferencia matutina.
El mandatario informó que la firma de la Ley Minera se da como una medida necesaria ante una posible "traición" de legisladores opositores que voten a favor de los intereses de corporaciones privadas.
"Para tranquilidad de los mexicanos, si no alcanzamos las dos terceras partes de los votos para la reforma constitucional en materia eléctrica por el boicot de los legisladores entreguistas, conservadores, de derecha, reaccionarios, enviaré de inmediato, el lunes próximo, una iniciativa para modificar la Ley Minera, que solo requiere de la aprobación de la mayoría simple de diputados y senadores", explicó.
El bloque oficialista necesita dos terceras partes de los votos de la Cámara de Diputados el próximo domingo para que pueda avanzar la propuesta de reforma eléctrica impulsada por el presidente. Sin embargo, en caso de no juntar los votos necesarios por el rechazo del bloque opositor, el presidente recurrirá a la iniciativa de Ley Minera que requiere de mayoría simple (la mitad más uno) para ser aprobada.
El mandatario aseguró que no se dejará doblegar por los intereses corporativos y de gobiernos extranjeros para adueñarse del litio mexicano.
"Vamos a esperar el domingo y de inmediato entra la iniciativa del litio, nada más para que sepan los mexicanos que no nos van a poner contra la pared. El litio lo ambicionan, porque me consta, tanto corporaciones como Gobiernos extranjeros, pero va a ser de México", dijo.
La iniciativa de reforma eléctrica busca fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, de titularidad pública, frente a las empresas privadas.
Uno de los puntos más polémicos de la iniciativa busca garantizar que el Estado mexicano se quede con el 54 % del mercado eléctrico y el 46 % quede en manos de privados, lo cual es rechazado por el bloque opositor, el Gobierno de EE.UU. y grandes compañías trasnacionales, quienes aseguran que dicha medida afectará las inversiones en México.