Argentina pierde la primera batalla de su "guerra" contra la inflación: en marzo fue del 6,7 %, la más alta de los últimos 20 años

El presidente argentino Alberto Fernandez comenzó perdiendo la "guerra" contra la inflación que fue declarada a mediados de marzo. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de ese mismo mes arrojó, otra vez, una cifra preocupante: 6,7 %, la más alta de los últimos 20 años, según lo informado este miércoles por el Instituto de Estadística y Censos (Indec). 

Se trata del cuarto mes consecutivo de aumento de la inflación, luego del 4,7 % registrado en febrero. Así, el acumulado de los últimos 12 meses llega a un 55,1 %.

El incremento del costo de vida se enmarca esta vez dentro de un contexto global negativo, empujado por los efectos económicos del conflicto entre Rusia y Ucrania. Pero, para el caso de Argentina, uno de los países con mayor inflación del mundo, se trata de una situación de arrastre, que acumula años de políticas de diferentes gestiones que fracasan. 

La suba de los precios de los combustibles y materias primas de la industria alimenticia a nivel mundial han causado aumentos desmedidos en los valores del pan, la leche, la carne y otros productos esenciales de la canasta básica. En marzo, pese a los controles oficiales, los alimentos subieron un 7,2 %.

Días atrás, el dueño de una carnicería de Río Negro, en la Patagonia argentina, compartió la foto de un cartel pintado en su local, con el que invitaba a sus clientes a comprar a pesar de que no haya "ninguna" oferta porque "todo se fue a la mier…". 

"Coma carne en Semana Santa. Ya no es pecado, es un milagro", escribió en una pizarra montada en la entrada de su negocio. 

Y es que, la suba de precios se ha vuelto tan cotidiana que muchos se la toman con humor. Pero, en un país que registra un nivel de pobreza del 37,3 %, en los sectores populares el impacto es demoledor. 

Donde más duele la inflación

Luego de dos años de pandemia, el golpe al bolsillo que implicó este alto nivel de inflación, movilizó a los sectores más postergados. En los días previos a la publicación del Indec, el Gobierno intentó impedir un nuevo acampe 'piquetero' en el centro de Buenos Aires. 

Esta herramienta de lucha, que tuvo su auge durante la crisis de 2001, fue utilizada en el último tiempo por los movimientos populares para exigir aumentos en los planes sociales y más asistencia para personas desocupadas, pero a su vez, genera graves trastornos en el tránsito porteño. Y, en el plano político, desata cortocircuitos entre el Gobierno nacional de Alberto Fernández y la administración de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. La semana pasada, el bloque de Juntos por el Cambio (el macrismo) presentó en el Congreso un proyecto de ley que busca quitar los programas de asistencia a quienes bloqueen vías de circulación en el marco de las protestas, una idea que fue rechazada por el oficialismo. 

Las negociaciones de la Casa Rosada con las organizaciones 'piqueteras' lograron frenar un nuevo acampe en plena Avenida 9 de Julio, en el epicentro porteño, pero no las  protestas. El Polo Obrero y otros espacios como Barrios de Pie se movilizaron este 13 de abril en todo el país. "No hubo acuerdo, sigue el plan de lucha, pero no habrá acampe", avisó el lunes Eduardo Belliboni, uno de los representantes de la Unidad Piquetera, luego de una reunión con el ministro de Desarrollo Social, Juan Zabaleta.

Guerra contra el "Diablo"

Más allá de reconocer el impacto del conflicto en Europa sobre las últimas subas de la canasta básica, el presidente Fernández echa culpas sobre los oligopolios que dominan el mercado de la alimentación en Argentina. Para el mandatario, "hay diablos que aumentan los precios y hay que hacerlos entrar en razón", pero, por ahora, no lo logra. Por el contrario, desde que le declaró la "guerra a la inflación", los precios no han hecho más que aumentar.   

Argentina y su estado de ebullición social permanente: ¿por qué se cortan las calles todo el tiempo y cómo se llegó a este punto?

Desde la Secretaría de Comercio Interior, que dirige Roberto Feletti, se han puesto en marcha o en algunos casos se han actualizado diversos programas de control como Precios Cuidados, Cortes Cuidados, Vuelta al Cole, entre otros. Se trata de una serie de canastas de consumo masivo que pretenden ser un ancla y una referencia para el resto de los valores en el mercado. Sin embargo, hasta ahora estos métodos antiinflacionarios, implementados en 2013, han dado como resultado un desabastecimiento, subas de hasta el 190 % anual en productos "controlados", y aumentos aún mayores en aquellos que están por fuera de la lista.  

El propio ministro de Economía, Martín Guzmán, reconoció los límites de estas medidas para mantener a raya a quienes remarcan las góndolas sin justificación: "Con el acuerdo de precios no se soluciona la inflación. Se necesita un programa económico y el apoyo político porque la economía funciona en un contexto de poder", dijo el funcionario en una entrevista con el canal C5N. 

Para el Indec, una familia en Argentina necesitó en febrero un ingreso mensual de 83.807 pesos (741,88 dólares) para no ser considerada pobre. Eso, sin contar el gasto de alquiler, en el caso de que no sea propietaria de una vivienda. 

La última actualización del salario mínimo anunciada por la Casa Rosada implica un aumento del 45 %, pero se implementará en cuatro tramos, y llegará recién en diciembre a los 47.850 pesos (423,58 dólares), según lo acordado días atrás en el marco del Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario. Con la actualización de abril (+18 %), llegará hasta los 38.900 pesos (344,35 dólares). Es decir, el costo de la Canasta Básica Total (CBT) está por encima del doble del sueldo más bajo que se paga por ley. Así, la guerra no es solo contra la inflación, sino, primordialmente, contra un aumento inexorable de la pobreza.