Nuevo escándalo de espionaje ilegal y masivo en Argentina impacta en la precampaña presidencial del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

Un Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos fue usado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para espiar de manera ilegal a más de siete millones de personas, lo que ha desatado una nueva polémica política en Argentina.

El caso afecta de manera directa a Horacio Rodríguez Larreta, el jefe de Gobierno de la capital argentina que está sumido en su precampaña rumbo a las presidenciales del próximo año, en las que aspira a ser el candidato de la coalición de derecha que encabeza el expresidente Mauricio Macri, la principal fuerza de oposición al peronismo que representa el actual mandatario, Alberto Fernández.

Lo paradójico es que Macri está envuelto en varias causas por espionaje ilegal y masivo cometido durante su Gobierno (2015-2019) por la Agencia Federal de Investigación (AFI), y en la lista de personas que fueron víctimas de este tipo de seguimiento está el propio Rodríguez Larreta, quien ahora queda envuelto en un caso similar.

La lista de espiados incluye al presidente Alberto Fernández; la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner; los diputados Máximo Kirchner y Sergio Massa; las presidentas de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, y de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini; la diputada izquierdista Myriam Bregman; la fiscal Gabriela Boquin, quien impulsó una de las principales causas de corrupción contra Macri; así como el juez de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz.

Al igual que en el caso de la AFI, que espió no solo a opositores sino a funcionarios y aliados macristas, el programa aplicado por Rodríguez Larreta buscó información sobre Patricia Bullrich, su principal rival en la lucha por obtener la candidatura presidencial de Juntos por el Cambio, la coalición de derecha, y de la exdiputada Elisa Carrió.

También se obtuvieron los datos de periodistas macristas como Joaquín Morales Solá, Viviana Canosa y Eduardo Feinmann; y opositores como Gustavo Sylvestre y Alejandro Bercovich.

El caso

La investigación comenzó gracias a una denuncia que el Observatorio de Derecho Informático Argentino (ODIA) interpuso desde diciembre de 2020 en contra del Sistema de Reconocimiento Facial de Prófugos que acababa de poner en marcha la Ciudad de Buenos Aires y contra el cual interpuso acciones de amparo.

Entre las irregularidades, destacó que el programa usado por las cámaras de seguridad de la capital no había sido licitado y no ofrecía seguridad informática, además de que las autoridades no informaban cuál era el algoritmo de reconocimiento facial elegido y este tenía sesgos discriminatorios por raza, color y etnia.

La causa judicial quedó en manos del juez Roberto Andrés Gallardo, quien descubrió que el Ministerio de Justicia y Seguridad de esta ciudad usó no solo la base de datos de la Consulta Nacional de Rebeldía y Capturas, que incluía alrededor de 50.000 personas que eran buscadas por la Justicia, sino que también firmó un acuerdo con el Registro Nacional de Personas.

Estos recursos le permitieron consultar los datos biométricos de más de siete millones de personas, un asunto que se considera injustificado porque ningún magistrado había requerido esta información, y tampoco se les podía considerar prófugos, lo que se supone era el único objetivo del Sistema de Reconocimiento Facial, el cual quedó suspendido por dictamen del juez, quien ordenó una serie de allanamientos en el Ministerio de Justicia y Seguridad y en el Centro de Monitoreo Urbano.

En respuesta, el ministro de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, rechazó todas las acusaciones y aseguró que el magistrado había hecho "una ensalada" para mezclar información ya que, si se usaron datos del Registro Nacional de las Personas, fue para resolver trámites habilitados por la Justicia. Un argumento que tendrá que probar.

Antecedentes

El seguimiento irregular de todo tipo de personajes fue una práctica común de la AFI durante la gestión macrista a nivel nacional, pero ahora se descubre que también fue ejercida por el Gobierno capitalino —del mismo signo político—, lo que derivó en una serie de burlas y memes en las redes sociales.

De hecho, Macri ya fue procesado por su implicación en el espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, que se hundió en noviembre de 2017 y fue encontrado un año después.

En 2021, la Comisión Bicameral de Inteligencia del Congreso, integrada por diputados y senadores, denunció que durante los cuatro años de Gobierno de Macri se puso en marcha un plan sistemático de espionaje político ilegal y masivo con el fin de amedrentar y extorsionar a opositores con el respaldo de jueces, fiscales y periodistas.

Esta fue la principal conclusión del informe 'Un Estado mafioso', elaborado después de meses de investigar los seguimientos a líderes políticos y sociales, empresarios, periodistas, familiares de víctimas de diferentes tragedias y presos que fueron realizados por células de espías que no tenían las órdenes judiciales correspondientes.

En 2020 comenzaron a abrirse múltiples causas judiciales por el espionaje ilegal, lo que derivó en el procesamiento del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas —a quien Macri designó en el cargo por ser su amigo, como él mismo ha reconocido— y de la exsubdirectora Silvia Majdalani.

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"Argentina estuvo y está en peligro", señaló el dictamen firmado por mayoría de la Comisión especial integrada por 14 diputados y senadores y que basó parte de sus denuncias en los testimonios de espías que participaron en los irregulares operativos armados desde la AFI.

El anterior gobierno, añadió, utilizó el poder del Estado para implantar "un plan sistemático de espionaje político ilegal como método de dominación y extorsión, al mejor estilo de la práctica mafiosa" que fue diseñado con premeditación y alevosía. Asimismo, agregó que se llevó a cabo con el apoyo de los medios de comunicación tradicionales y parte del Poder Judicial.

"No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 171 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente y al menos 354 víctimas directas confirmadas", resumió.