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Fujimori es ingresado por una descompensación y su defensa presenta un 'habeas corpus' para excarcelarlo
La solicitud del abogado del exmandatario ocurre después de que la Corte IDH manifestara su rechazo al fallo del Tribunal Constitucional que aprobó su liberación, en marzo pasado.
La defensa del expresidente peruano Alberto Fujimori presentó el domingo un 'habeas corpus' correctivo para pedir su excarcelación, por motivos de salud, días después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) reiterara que el Estado Peruano debía abstenerse de indultar al exmandatario, tras el fallo del Tribunal Constitucional que así lo dispuso.
Horas antes de esta solicitud, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informaba que el exmandatario "presentó un cuadro de descompensación" y que fue llevado de emergencia al hospital del Seguro Social del distrito limeño de Ate Vitarte, "donde pudo ser estabilizado". Posteriormente, fue trasladado a la Clínica Bicentenario Peruano Japonés para ser monitoreado.
Fujimori cumple una condena de 25 de prisión en el penal de Barbadillo, ubicado en el interior de la Dirección de Operaciones Especiales (DIROES) de la Policía Nacional, por los crímenes de lesa humanidad relacionados con los casos de Barrios Altos y La Cantuta donde, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, hubo ejecuciones arbitrarias y desapariciones forzadas hechas por agentes del Estado.
El abogado del expresidente, Gregorio Parco, afirmó que de no liberar a su representado se estaría violando el inciso 20 del artículo 33 del Nuevo Código Procesal Constitucional, donde se señala que un 'habeas corpus' debe proceder cuando existen acciones u omisiones que amenacen o vulneren el derecho "a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad, respecto de la forma y condiciones en que cumple el mandato de detención o la pena".
Para basar su petición, Parco manifestó que Fujimori padece varias enfermedades como cáncer de lengua, taquicardia, hipertensión, gastritis hemorrágica, entre otras, recoge El Comercio. Su demanda está dirigida al director del INPE, Omar Méndez; a la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios; al presidente Pedro Castillo y a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva.
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