El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció este lunes que su Gobierno presentará ante el Congreso un proyecto de ley para la aplicación de la castración química obligatoria para los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres.
La propuesta del Ejecutivo se conoce después de que el país se viera conmocionado por el secuestro y la violación a una niña de 3 años en la ciudad norteña de Chiclayo, en la región Lambayeque. Ese hecho motivó una serie de manifestaciones en todo el país para pedir justicia por la menor y su familia.
"Estamos planteando aplicar la castración química como una de las medidas drásticas contra los violadores de menores de edad, adolescentes y mujeres propuesta que será formalizada en los próximos días y esperamos que el Congreso no le dé la espalda a un clamor popular", dijo el mandatario durante un acto oficial en la ciudad de Ate, provincia de Lima.
"Nosotros como Gobierno tenemos la enorme responsabilidad de defender la vida de los peruanos, esa vida que está por encima de cualquier interés o cálculo político", apuntó Castillo, llamando a los congresistas a acompañar la polémica iniciativa en medio de la aguda crisis política.
"Mano dura y medidas más severas contra los depravados", manifestó el presidente peruano.
La castración química consiste en administrar medicamentos que reducen la libido e inhiben el deseo sexual. Se aplica como un método de prevención contra las agresiones sexuales, y también como castigo para los que cometen crímenes de este tipo, aunque solo en algunos países está autorizada.
La castración química forzada incumple la prohibición, en virtud del derecho internacional, de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, establecida en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).