"¡Libertad para María!": Comienza en Guatemala el juicio contra una reconocida activista maya de derechos humanos

Este jueves comenzó en Guatemala el juicio en contra de María Cuc Choc, una dirigente maya reconocida por su defensa de la tierra y los derechos humanos que fue detenida hace más de cuatro años, luego de que una empresa la acusara de usurpación y amenazas, entre otros delitos.

"En este caminar de la vida, estoy ante el organismo judicial (...). Tendré fuerza porque quiero conocer el lado de mi enemigo, y mi enemigo es un pacto de corruptos que ha gobernado Guatemala", dijo la líder indígena de 42 años antes de ingresar a los tribunales. También advirtió que, a pesar de las imputaciones, enfrenta el proceso con mucho ánimo.

"Sabemos de las injusticias que hemos sufrido como pueblos indígenas en Guatemala. Sabemos de las injusticias que estamos viviendo las defensoras y los defensores de derechos humanos", dijo.

La activista denunció que en el país centroamericano la persecución en contra de los activistas es una norma, pero afirmó que a pesar de los riesgos no le daba vergüenza denunciar la corrupción. "La verdad la traigo en mi lengua, en mis pensamientos. Sé quiénes están pagando todo esto que yo estoy sufriendo ahora", sostuvo.

Organismos de derechos humanos de Guatemala la acompañaron a los tribunales, mientras que otras organizaciones de América Latina se sumaron al activismo en redes sociales bajo la exigencia: "¡Libertad para María!".

¿Quién es?

"Soy María Magadalena Cuc Choc, mujer indígena q'eqchi', nacida en El Estor, Izabal un 26 de febrero del año 1979, con residencia actualmente en barrio 'La Unión' en el Municipio de El Estor Izabal. Hija de señora llamada Natalia Choc y del señor Manuel Cux Xol, tengo cinco hermanos y dos hermanos, nacidos y originarios de El Estor, Izabal", cuenta la activista en la autobiografía que publicó en el portal de la organización Festivales Solidarios.

Ahí, también explica que es madre de dos hijas y dos hijos que tienen entre 11 y 20 años, que realizó una maestría en idioma q'eqchi' y que trabaja como intérprete y traductora para los miembros de este pueblo que no hablan castellano.

"Con este trabajo he ayudado a tocar puertas ante los tribunales y poner demandas en busca de una justicia para el pueblo q'eqchi' ante tantos abusos y violaciones a los DD. HH. Con este trabajo he apoyado a muchas mujeres abusadas y que han vivido violencia sexual y patriarcal", señala.

Según su testimonio, su compromiso le ha valido la persecución, criminalización y discriminación ante tribunales de justicia y grandes empresas transnacionales, "conjuntamente con diputados corruptos" que han gobernado el departamento Izabal "y Guatemala entera".

La traductora es cuñada de Adolfo Ich, un activista asesinado en 2009 por agentes de seguridad de la minera canadiense Hudbay Minerals y la Compañía Guatemalteca de Níquel.

Desde hace más de una década ella misma comenzó a trabajar en la defensa de la tierra al documentar y denunciar los daños ambientales provocados por compañías mineras de Canadá, algunas de las cuales incluso han enfrentado procesos por violaciones a los derechos humanos.

¿Qué pasó?

El 17 de enero de 2018, María fue detenida por la Policía Nacional Civil. Los agentes no le explicaron el motivo, ni le enseñaron documento alguno.

Ya en el juzgado a donde fue trasladada, las autoridades le informaron que había una orden de aprehensión en contra de ella y de otros líderes indígenas que estaban acusados de usurpación agravada, amenazas y detención ilegal por parte de la empresa guatemalteca Lisbal, que asegura que se metieron a la fuerza en su propiedad ubicada en el departamento de Izábal, en el norestede del país.

Un par de días después, fue dejada en libertad condicional y se le impuso una fianza de 600 dólares, además de la prohibición de salir de Izabal y la obligación de presentarse en los tribunales una vez a la semana.

Desde entonces, el juicio se postergó en varias ocasiones en medio de los reclamos por su libertad y las frecuentes denuncias de las permanentes amenazas de muerte, agresiones, espionaje y hostigamiento que sufren los activistas por los derechos humanos en el país centroamericano.