La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) inició este martes una audiencia pública donde, por primera vez en la historia de Colombia, los máximos responsables de uno de los crímenes del macrocaso conocido como 'falsos positivos' deberán reconocer sus delitos frente a los familiares de sus víctimas.
La audiencia, que se extenderá hasta este miércoles 27 de abril, se realiza en Ocaña, región del Catatumbo, departamento de Norte de Santander, lugar en el que, durante los años 2007 y 2008, miembros del Ejército colombiano perpetraron crímenes de guerra y lesa humanidad, al ejecutar al menos 120 asesinatos y desapariciones forzadas de civiles y presentarlos como falsas bajas en combate.
La magistrada Catalina Díaz, relatora del caso, señaló al inicio de la comparecencia, que fue solicitada por las víctimas como medida de reparación simbólica, que "la estigmatización de los habitantes del Catatumbo" fue lo que "contribuyó a la comisión de los crímenes". Por ello, agregó: "El resarcimiento a las víctimas pasa, como ellas mismas nos lo han advertido, por el restablecimiento de su buen nombre".
En la audiencia, que también dará la oportunidad de intervenir a familiares de las víctimas, fueron llamados a comparecer los 11 máximos responsables de estos hechos registrados en las localidades de Ocaña y Soacha, 10 de ellos militares y un civil.
Los militares imputados pertenecían a la Brigada Móvil 15 (BRIM15) y el Batallón de Infantería No. 15 General Francisco de Paula Santander (BISAN).
La JEP detalló que los responsables de estos crímenes, que constituyeron "un patrón de macrocriminalidad en el Catatumbo" y "un ataque generalizado y sistemático contra la población civil", son:
- General Paulino Coronado
- Coronel Santiago Herrera
- Coronel Rubén Darío Castro
- Teniente coronel Álvaro Diego Tamayo
- Teniente coronel Gabriel de Jesús Rincón Amado
- Mayor Juan Carlos Chaparro Chaparro.
- Capitán Daladier Rivera Jácome
- Sargento segundo Rafael Antonio Urbano
- Sargento segundo Mauricio Pérez Contreras
- Cabo primero Néstor Guillermo Gutiérrez
- Alexander Carretero (civil)
¿Cómo ocurrieron los hechos?
Según la JEP, los crímenes cometidos por este grupo de militares fueron ejecutados en dos formas y en su mayoría contra hombres jóvenes con edades comprendidas entre los 25 y 35 años, muchos de ellos campesinos.
La primera modalidad consistía en que los soldados señalaban a las víctimas como supuestos combatientes a través de procesos irregulares de "inteligencia militar". La segunda se originó cuando los habitantes del Catatumbo denunciaron que sus familiares y amigos eran presentados como guerrilleros y asesinados en supuestos enfrentamientos.
Ante ese escenario, los militares del BISAN comenzaron a negociar con otros civiles para "engañar y reclutar" a víctimas que luego asesinaron para sumarlas como "estadísticas militares" y "cuerpos" dados de baja "en combate'".
En diciembre de 2021, detalla la JEP, los 11 imputados reconocieron por escrito, ante la Sala de Reconocimiento, su responsabilidad criminal. "En algunos casos, aportaron nuevas pruebas y entregaron información clave para la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas", añade el organismo.
"Cada máximo responsable fue decisivo en determinadas fases del plan criminal. Por ejemplo, algunos participaron en la selección de las víctimas, otros en su ejecución, otros fueron decisivos en la legalización de esas operaciones y otros en el encubrimiento de los crímenes", explicó la JEP.
Esta Audiencia de Reconocimiento, efectuada en Ocaña, es la primera de seis que realizará la JEP en los llamados "territorios críticos priorizados" que integran la primera fase de la investigación del macrocaso 03 relativo a los "falsos positivos" en Colombia. Las otros departamentos son Antioquia, Costa Caribe, Huila, Casanare y Meta
Según las investigaciones de la JEP, al menos 6.402 civiles fueron asesinados en todo el país y presentados como "bajas en combate" por las fuerzas militares colombianas durante los años 2002 y 2008.