El último sábado se produjo una importante movilización de productores agropecuarios y sectores de la oposición política en la Ciudad de Buenos Aires, para repudiar las políticas impositivas del Gobierno de Alberto Fernández. Miles de personas se movilizaron con sus vehículos en una protesta apodada 'tractorazo', que también contó con el apoyo de ciudadanos de a pie.
En efecto, se trató de otra muestra de la histórica crispación entre este importante sector de la economía argentina y el peronismo, que no escatima en impuestos para intentar distribuir las ganancias del rubro, favorecido por el alza de los precios internacionales. Es que, la tensión entre las administraciones progresistas y los empresarios agrarios es un clásico de la política nacional.
Ahora, el conflicto escala luego de que el ministro de Economía, Martín Guzmán, adelantara que el Gobierno podría sumar un impuesto adicional "para redistribuir la renta inesperada". El foco está puesto sobre las firmas dedicadas a los 'commodities', como el trigo o la soja, que vieron un fuerte aumento en su cotización por el conflicto entre Rusia y Ucrania.
De hecho, la postura del Ejecutivo va en sintonía con el posicionamiento del Fondo Monetario Internacional (FMI), que de forma reciente respaldó la idea de aumentar impuestos sobre empresas que vieron un incremento exponencial de ganancias en los últimos meses: "Para disminuir la carga en las finanzas públicas, se podría prever un aumento temporal de los impuestos sobre el exceso de beneficios. Esto ayudaría a recuperar parte de las transferencias a las empresas que no las necesitan", sostuvo el organismo.
Si bien es cierto que el Gobierno de Fernández todavía no hizo ningún anuncio concreto, ante la duda, los empresarios dieron una fuerte muestra de rechazo en las calles.
¿Qué piden?
Desde la perspectiva de los productores agropecuarios, su sector ya tiene enormes cargas impositivas, conocidas como retenciones. De hecho, la Fundación Agropecuaria por el Desarrollo de Argentina (FADA) afirma que de cada 100 pesos (0,87 dólares en la cotización oficial) que genera el campo, el Estado se queda con casi 65 (0,57 dólares).
Esto, considerando que las exportaciones que se pagan en dólares deben liquidarse en pesos de forma obligatoria, bajo la cotización definida por el Banco Central, es decir, con un precio mucho más bajo que el del mercado. La medida se adoptó desde el Gobierno de Mauricio Macri ante la escasez de dólares que tiene la administración pública, siendo la principal opción de ahorro para toda la población.
Así, los productores agropecuarios piden anular todas las retenciones y reducir los impuestos comunes. A nivel político, incluso plantean disminuir el gasto público, lograr más transparencia institucional y garantizar la independencia de los tres poderes del Estado.
El reclamo es apoyado por la Sociedad Rural Argentina (SRA) y otras entidades más pequeñas. También se plegaron dirigentes de Juntos por el Cambio —macrismo—, aunque los organizadores aclararon que la marcha era "apartidaria".
"Es una marcha absolutamente política"
Desde el Gobierno, señalan que la movilización es injustificada: "Acá no hubo suba de retenciones y la verdad es que están marchando por las dudas. Están marchando contra un proyecto que no conocen. No tenemos ninguna duda de que es una marcha absolutamente política que tiene que ver con defender otros intereses y no los legítimos derechos del campo que tienen que defender los productores", sostuvo la portavoz de la Casa Rosada, Gabriel Cerruti.
En contrapartida, los empresarios se sienten perjudicados. "Nos sacan el 70 % de lo que producimos. Tenemos 165 impuestos y el Gobierno, en vez de sacar una buena medida, trae un impuesto más", contestó Maribi Canna, una productora tambera de la provincia de Santa Fe. Desde su sector, también se aclara que crecieron los gastos de producción, considerando las subas en los costos de fertilizantes importados.
Así, la puja por la distribución de la riqueza en Argentina parece no tener fin. Esto, mientras los precios de los alimentos siguen aumentando, con una inflación general interanual del 55,1 %, cuyo costo paga la población.
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