Un informe revela las condiciones de autogobierno, hacinamiento y ausencia de programas de reinserción en las cárceles mexicanas

Las condiciones de autogobierno, hacinamiento y la falta de programas de reinserción social continúan siendo una norma en las cárceles mexicanas de las 32 entidades, según un nuevo informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

En una nueva edición del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, el organismo documentó, con visitas realizadas al sitio durante 2021, las condiciones en 233 centros estatales —93 varoniles, 118 mixtos y 22 femeniles—, 14 federales y tres prisiones militares. 

En los centros estatales se detectaron la mayor cantidad de deficiencias. Por ejemplo, en 193 penales supervisados (el 82,8 %) se documentó la insuficiencia del personal de seguridad y custodia; y en poco menos de la mitad de las cárceles (118 o el 50,6 %) de las entidades, la CNDH comprobó que existían fallas en el procedimiento para imponer sanciones disciplinarias. 

Entre los aspectos más preocupantes del informe se encuentra que en 121 cárceles estatales (51,9 %) existe sobrepoblación penitenciaria. En 16 centros de reinserción social del Estado de México hay un exceso de personas privadas de su libertad para la capacidad de los alojamientos; en tanto, en Guanajuato existe una sobrepoblación de reos en 14; y en Hidalgo, en 13. 

De acuerdo con el organismo autónomo, la sobrepoblación penitenciaria en México se debe, en parte, al sistema de justicia penal, que "aún sigue arrastrando una visión punitivista" y en donde existe "un exceso de la prisión preventiva oficiosa", como se le conoce al encarcelamiento en automático para ciertos delitos sin que los ministerios públicos acrediten la comisión de un crimen. 

La investigadora en temas de justicia, María Noel Rodríguez, ha referido que el hacinamiento penitenciario "puede llegar a constituir una forma de trato cruel, inhumano y degradante en sí mismo, violatoria del derecho a la integridad personal y otros derechos humanos reconocidos internacionalmente". 

Pese a ser violatorio de derechos humanos, 114 penales estatales (48,9 % de los supervisados por la CNDH) registran condiciones de hacinamiento en sus instalaciones. 

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Autogobierno y deficientes instalaciones

Por otra parte, la CNDH advierte sobre "una de las problemáticas más complejas" al referirse a los 44 centros penitenciarios de 17 entidades federativas en los que "las personas privadas de la libertad realizan o participan en actividades propias de la autoridad". Las condiciones de autogobierno están presentes en siete penales de Hidalgo y en siete de Sonora. 

En este panorama, las autoridades no garantizan la integridad de los internos y del personal penitenciario, tampoco una "estancia digna". En siete de cada diez (77,7 %) penales estatales supervisados, el organismo autónomo documentó que son "deficientes" las condiciones materiales y de higiene en las instalaciones. En tanto, seis de cada diez (66,5 %) centros no garantizan adecuados servicios de salud.

Al respecto, la CNDH advirtió sobre la "insuficiencia de agua potable y servicio de drenaje, alumbrado y ventilación suficiente", así como de la "infraestructura y mobiliaria deteriorada".

La Comisión Nacional de Derechos Humanos también alertó sobre la incapacidad de los penales para ofrecer programas para la prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria para las personas privadas de su libertad. El organismo detectó que estas políticas eran insuficientes en 179 de los 233 centros estatales. 

Pendiente: programas de reinserción social

Pese a que la Constitución mexicana establece que el sistema penitenciario debe organizarse con base en el respeto a los derechos humanos, incluyendo "la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad", en la mayoría de las cárceles del país latinoamericano no se cumplen estas disposiciones. 

El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) reportó:

• Insuficiencia o inexistencia de actividades laborales y de capacitación en 154 de los 233 penales (66, 1%).   
• Insuficiencia o inexistencia de actividades deportivas en 141 centros (60,5 %). 
• Insuficiencia o inexistencia de actividades educativas en 123 cárceles (52,8 %).