La Policía de Perú comenzó a desalojar este miércoles a los manifestantes que ocupaban una zona conocida como Takiruta, propiedad de la empresa china MMG que está a cargo de operar la minera Las Bambas, en medio de un extendido conflicto entre la compañía y las comunidades que se reavivó tras las recientes protestas en el sitio y la suspensión de operaciones el pasado 20 de abril.
Medios locales reportaron que un contingente policial ingresó a los predios ocupados y se registraron enfrentamientos con los comuneros, dejando dos personas lesionadas, incluyendo una mujer que recibió el impacto de un proyectil de arma de fuego en su ojo.
La intervención ocurrió cuando se tenían previstas reuniones entre las comunidades y el Ejecutivo para intentar encontrar una salida al conflicto. No obstante, el Gobierno decretó el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas.
Mediante el decreto Nº 042-2022-PCM, se ordenó la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito, de reunión, y de seguridad personales. Asimismo, se autorizó la intervención de la Policía Nacional del Perú y de las Fuerzas Armadas.
Previamente, el jefe de asuntos corporativos de Las Bambas, Carlos Castro, reconoció que los ejecutivos de la segunda minera más grande de cobre en el mundo evaluaban desalojar a los manifestantes. "La defensa de embargo puede ejercerse dentro de los 15 días que establece la ley", declaró Castro a la agencia Reuters.
Operación minera y reclamos
La Unidad Minera Las Bambas está ubicada en las provincias de Cotabambas y Grau, en el departamento de Apurímac, en la región andina. En 2017, produjo 385.000 toneladas de cobre en concentrado, por lo que es considerada la segunda productora de este metal en el mundo.
Por el momento, MMG únicamente explota el yacimiento Ferrobamba, aunque la Unidad Minera también comprende los depósitos de minerales de Chalcobamba y Sulfobamba. Según las estimaciones de la compañía, cuentan con reservas de 5.631 millones de toneladas de cobre y de 8.982 millones de toneladas de recursos minerales.
Las comunidades aledañas reclaman ser incluidas en la cadena de producción, mientras que otro sector exige el pago de indemnizaciones por los impactos ambientales y sociales ocasionados por la operación de la gran mina.
Además, algunas personas que cedieron sus terrenos para la explotación minera señalan el incumplimiento de compromisos por parte de MMG, que ofreció la construcción de un hospital, colegios y viviendas en la zona.