Una jueza de Bogotá ha determinado que el expresidente colombiano, Álvaro Uribe, debe ir a juicio por el supuesto delito de soborno a testigos y fraude procesal en el caso de su presunta conexión con grupos paramilitares, informa el diario El Tiempo.
La Fiscalía General había presentado una solicitud para archivar la investigación contra Uribe, argumentando que las conductas por las cuales se vinculó al expresidente no tienen las características de delito.
Sin embargo, la jueza desestimó la solicitud al estimar que sí hay una hipótesis viable de la existencia de delito, y cuestionó a la Fiscalía por no haber llamado a testigos que podrían dar más elementos en el caso. Uribe es investigado por supuestamente haber presionado a testigos que lo han señalado de tener relaciones con el paramilitarismo, algo que el expresidente ha negado rotundamente.
¿Qué viene ahora?
Tanto la parte demandante, entre la que se encuentra el senador Iván Cepeda, como la defensa del expresidente podrán apelar a esta decisión y el caso pasaría a manos del Tribunal Superior de Bogotá.
Si los magistrados de ese tribunal no fallan a favor de los demandantes o víctimas, el proceso culminaría; si decide continuarlo volvería nuevamente a la Fiscalía donde se decidiría si se presenta otra preclusión, si se apela ante el Tribunal y o si se le acusa, recoge Asuntos Legales.
De introducirse una nueva preclusión, los demandantes pueden volver a apelar; de no ser aceptada por el Tribunal, la Fiscalía también podría hacerlo. Allí el Tribunal tendría que tomar la decisión de negar la apelación del acusador, de llevar al expresidente a juicio o de cerrar el caso.
Antecedentes
En 2018, la Corte Suprema inició una investigación contra el exsenador derechista por la supuesta manipulación de testigos, a través de terceros, para impedir que develaran sus presuntos nexos con grupos paramilitares, lo que ha sido negado por Uribe y respaldado por Cepeda, con quien mantiene una larga batalla legal desde 2012.
En agosto de 2020, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia ordenó la detención domiciliaria del entonces senador. Tras renunciar a su curul en septiembre de ese año, la Corte Suprema de Colombia trasladó el caso del exmandatario a la Fiscalía, que ordenó su liberación en octubre luego de que su caso pasó de un sistema penal inquisitivo a otro acusatorio, y no había imputación de cargos en su contra.