El Gobierno de Chile descarta aplicar un nuevo estado de excepción en la Macrozona Sur, al considerar que mientras la medida estuvo vigente, en la administración de Sebastián Piñera, no hubo soluciones de fondo a la conflictiva situación en esta parte del país.
"Tuvimos casi seis meses estado de excepción constitucional en el sur y lamentablemente no avanzamos en las soluciones de fondo", dijo la ministra del Interior, Izkia Siches, tras una reunión con funcionarios del ministerio y jefes de Policía.
Asimismo, la funcionaria señaló que "hay muchas medidas que tomar antes de llegar a una opción como esta", que consideran que "no permite ni dota a las capacidades locales".
Última agresión
Siches, junto al subsecretario Manuel Monsalve, se reunieron la mañana de este viernes con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Sergio Muñoz, luego de los graves hechos de violencia que se registraron en la región del Bío Bío, donde un nuevo ataque incendiario dejó más de 30 vehículos destruidos en Los Álamos, en la provincia de Arauco, que forma parte de la Macrozona Sur.
Al menos 40 personas encapuchadas protagonizaron la agresión, donde también se registraron disparos.
"Queremos condenar los hechos de violencia que han ocurrido recientemente en la región del Bío Bío [...] Nos hemos reunido con las máximas autoridades de nuestras policías, para trabajar en conjunto y poder hacer operativas distintas medidas que nos permitan enfrentar la situación de violencia que se vive en nuestro sur", dijo Siches al respecto.
Añadió que "este es un escenario que no es de una solución sencilla, como tampoco inmediata".
Sin embargo, informó que acordaron una serie de medidas para "enfrentar en lo inmediato", mientras siguen trabajando en "las soluciones de fondo".
Desde hace varios años, en la Macrozona Sur se registran atentados adjudicados a grupos radicales mapuches, que reclaman el derecho de las tierras ancestrales.
A finales de marzo culminó el estado de excepción en esta zona del país, que rigió desde octubre del año pasado, tras ser decretada por Piñera. Esta medida autorizaba a las Fuerzas Armadas a colaborar en el patrullaje y control de las rutas y propiedades privadas en la región.