"Las Bambas nos ha declarado la guerra": la pugna entre la empresa minera de capital chino y campesinos peruanos se torna explosiva

El Gobierno de Perú instó este jueves a que el creciente conflicto generado entre la minera Las Bambas y las comunidades campesinas del departamento de Apurímac, al sur del país, sea resuelto a través del diálogo.

El llamado del Ejecutivo se dio tras el desalojo realizado el miércoles por fuerzas de seguridad de Las Bambas y la Policía Nacional de Perú, acción que dejó inicialmente 14 heridos. El hecho se produjo en una zona conocida como Takiruta, en tierras que habían sido ocupadas por manifestantes y son propiedad de la empresa china MMG, que es responsable de operar la minera.

El mismo miércoles, el Gobierno de Pedro Castillo decretó el estado de emergencia en los distritos de Challhuahuacho y Coyllurqui, en la provincia de Cotabambas. La medida implica la suspensión de los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito, de reunión y de seguridad personal, y autoriza la intervención de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas. 

El conflicto se ha recrudecido en medio de los reclamos de las comunidades, que piden ser incluidas en la cadena de producción de la minera, así como el pago de indemnizaciones por los impactos ambientales y sociales que habrían ocasionado las operaciones de la empresa.

Por su parte, la compañía denunció que unos 500 manifestantes tomaron la mina, ubicada entre las provincias de Cotabambas y Grau, desde el 14 de abril, y que la ocupación, sumada a las protestas y los bloqueos del lugar, obligó a suspender las operaciones desde el pasado 20 de abril.

Este viernes, la minera indicó que tras el desalojo, "los invasores" habrían cometido "agresiones" contra el personal de seguridad de la empresa y causado "severos daños" a equipos y maquinarias, durante un ataque violento a sus instalaciones con el objetivo de ocupar nuevamente el lugar.

"Las Bambas nos ha declarado la guerra"

Por su parte, el presidente de la comunidad de Fuerabamba, Edison Vargas, dijo a medios locales que la minera, que se dedica a la explotación de cobre, los traicionó y les declaró la guerra.

"Las Bambas nos ha declarado la guerra, traicionando a la comunidad, masacrando a los campesinos que hemos abierto la minería. Esto no se queda acá", señaló el líder comunero, quien advirtió que la población local ya decidió que el proyecto extractivo "no va a ir más" y que "la guerra continúa".

Vargas aseguró también que seguirán adelante con sus intenciones de mantener ocupado el lugar y que no se dejarán arredrar por el decreto de emergencia en la región.

"El estado de emergencia no nos intimida, no nos da miedo. Lamentamos esa decisión y por lo tanto vamos a seguir en la lucha. En estos momentos vamos a entrar a nuestro predio y ahí queremos que nos maten. Vamos a retomar nuestras posiciones, no tenemos miedo a la muerte, preferimos morir en nuestra tierra natal que estar acá en el aire, sin tierras. Las Bambas hasta acá llegó y no va a ir más".

Los reportes de los medios locales señalan que los enfrentamientos entre comuneros y policías no cesan y que habría ya más de 50 heridos por las protestas de las últimas horas. Además, los pobladores y comerciantes de la región de Challhuahuacho han dicho que se encuentran atemorizados y han decidido cerrar casas y negocios.

¿Qué dice el Gobierno?

El Gobierno de Castillo aclaró el jueves que la intervención de la Policía Nacional durante el desalojo no fue una decisión del Ejecutivo, sino que fue parte de una medida de "defensa posesoria extrajudicial", regulada en el artículo 920 del Código Civil, que tramitó la empresa Las Bambas.

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Además, manifestó que el conflicto debe solucionarse a través del diálogo, para lo cual una comisión gubernamental se hará acompañar por la Defensoría del Pueblo y la Conferencia Episcopal Peruana.

"La Secretaria de Gestión Social y Diálogo continúa invocando a ambas partes involucradas a aceptar la propuesta de constituir un espacio de diálogo que permita una pronta solución", señala el comunicado.