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El jefe del control fronterizo europeo dimite en medio de acusaciones por la devolución de migrantes en caliente

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La prensa denunciaba que la agencia encabezada por Fabrice Leggeri estuvo involucrada en impedir ilegalmente el ingreso de migrantes que intentaban entrar en Europa.
El jefe del control fronterizo europeo dimite en medio de acusaciones por la devolución de migrantes en caliente

El director ejecutivo de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex), Fabrice Leggeri, anunció este jueves su renuncia en una reunión extraordinaria de dos días del Consejo de Administración del organismo, que informó un día después de su dimisión a través de un comunicado.

Los directivos decidieron que "ya no es necesario" seguir con los procedimientos legales contra Leggeri en relación con las conclusiones de la investigación de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude, que durante meses examinó denuncias de acoso y mala conducta dentro de la agencia, así como el presunto rechazo ilegal de migrantes en las fronteras europeas y la violación de sus derechos humanos debido a las devoluciones en caliente.

El pasado miércoles, un día antes de la renuncia de Leggeri, los medios europeos Lighthouse Reports, Der Spiegel, SRF Rundschau, Republik y Le Monde publicaron una nueva investigación conjunta sobre las irregularidades de Frontex, en la que revelan que entre marzo de 2020 y septiembre de 2021 la agencia fue responsable de las devoluciones en caliente en el mar Egeo de al menos 957 solicitantes de asilo.

Leggeri, que niega que actuara de forma incorrecta, estuvo al frente de Frontex desde 2015, cuando más de 1 millón de personas, muchos de ellos refugiados que huían de la guerra en Siria, entraron en el territorio europeo.

La Comisión Europea indicó que "toma nota de la renuncia" de Leggeri, agregando que "Frontex realiza una tarea críticamente importante para apoyar a los Estados miembros, gestionar las fronteras externas comunes de la Unión Europea y mantener los derechos fundamentales al hacerlo".

Se considera que el acto de impedir por la fuerza el ingreso a un país de personas que buscan asilo infringe los acuerdos internacionales de protección de refugiados, bajo los cuales las personas no deben ser expulsadas ni devueltas a un país donde su vida y seguridad pudieran verse comprometidas por razones de raza, religión, nacionalidad o por ser miembros de un grupo político o social.

Con información de AP

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