La extradición del exlíder del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', finalmente se hizo efectiva y quedaron en el aire los recursos interpuestos ante la Justicia por los familiares de las víctimas, que exigían que permaneciera en el país para escuchar su testimonio sobre los hechos criminales en los que habría participado junto a grupos armados y funcionarios del Estado colombiano.
La tarde del pasado miércoles se llevó a cabo el traslado de 'Otoniel', tras una semana de rumores sobre la eventual aprobación por parte del presidente Iván Duque de la decisión, luego de que tanto las víctimas como la defensa del exlíder del Clan del Golfo trataran por las vías legales de evitar su extradición a EE.UU., que lo reclama por delitos de narcotráfico.
Este caso ha estado marcado por la exigencia de las víctimas y sus sobrevivientes de acceder a la "verdad, justicia y reparación integral" por los crímenes de guerra, asesinatos selectivos, desapariciones forzadas, reclutamiento de menores, abuso sexual y 'falsos positivos' en los que habría participado 'Otoniel' durante los 30 años en los que formó parte de grupos guerrilleros y paramilitares, que habrían tenido nexos con cuerpos de seguridad, funcionarios públicos y políticos, recoge Cambio.
La batalla legal
La posibilidad de que Úsuga permaneciera más tiempo en el país para ampliar su testimonio sobre las violaciones de los derechos humanos, presuntamente cometidas por las fuerzas del Estado durante sus tres décadas de vida criminal entre la guerrilla y el paramilitarismo, quedó pulverizada con la negativa de la Sección Segunda del Consejo de Estado de declarar procedente la tutela presentada por las víctimas de los grupos criminales Bloque Centauros de las Autodefensas Unidas de Colombia y el Clan del Golfo.
El Consejo de Estado dejó sin efecto la suspensión del traslado el exlíder del Clan del Golfo a EE.UU., alegando que no había "elementos materiales" para evitarlo y porque "los accionantes habían agotado todos los recursos establecidos en la ley y la Constitución", publicó Semana.
Los afectados consideraron que el visto bueno a la extradición de 'Otoniel' de la Corte Suprema de Justicia, del Ejecutivo y de la Fiscalía violaba sus derechos fundamentales. Por ello, introdujeron recursos para impedirla ante la Corte Suprema, el Consejo de Estado y la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).
"Ya estaba hablando"
Silvia Berroca, una de las firmantes de la tutela que quedó sin efecto, dijo a El Colombiano que Úsuga "estaba contando la verdad y tocando a varios políticos", por lo que se tomó la decisión de extraditarlo con celeridad. "Estamos extrañados y adoloridos", agregó.
Quienes se manifestaron en contra del traslado de 'Otoniel' no se oponían a su extradición, sino a que abandonara el país sin dar cuenta de las acciones criminales en las que habría participado, aclaró Berroca.
Una de las víctimas, que no se identificó, le manifestó a ese medio que el narcotraficante "ya estaba hablando", con referencia sus comparecencias ante la JEP, donde había revelado la presunta relación del Ejército con grupos paramilitares en el departamento del Casanare, como parte del macrocaso de 'falsos positivos'. Además, habría facilitado una lista con 64 nombres de militares, políticos, funcionarios públicos que tendrían nexos con esos grupos armados ilegales.
"Queríamos que nos ayudara a encontrar a algunas víctimas que siguen desaparecidas, queríamos que nos ayudara a comprender cómo es que sucedió todo esto y quiénes le ayudaron", dijo el entrevistado.
"La extradición de la verdad"
Otro de los abogados de las víctimas de 'Otoniel', Fernando Rodríguez, dijo a Blu Radio que su envío a EE.UU. es "la extradición de la verdad" y consideró al Gobierno estadounidense "no le importa el deseo de justicia y verdad por parte de las víctimas".
Por su parte, Fernando Rodríguez Kekhan, otro jurista que representa a los afectados, aseveró en un reporte audiovisual de Noticias Uno que cien víctimas registradas como tales han brindado nombres y datos que dan cuenta de los vínculos entre los grupos criminales a los que perteneció Úsuga con distintos funcionarios del Estado.
Kekhan aseguó que el narcotraficante posee información sobre ejecuciones extrajudiciales cometidas por comandantes militares en los departamentos del Meta y Casanare, entre 1997 y 2002, donde operaban militares, guerrilleros y paramilitares durante el conflicto armado.
¿Qué pasará ahora?
Aunque el mandatario colombiano ha afirmado que Úsuga "deberá seguir colaborando con las autoridades colombianas que lo requieran en sus investigaciones y pesquisas", y que una vez que cumpla sus cargos en EE.UU. volverá al país "a pagar por los crímenes que cometió", las víctimas y sus defensores lo consideran poco probable.
La Corte Suprema determinó que, tras cumplir la pena ante la Justicia estadounidense, el exjefe del Clan del Golfo deberá regresar para hacerse responsable por los delitos que se le imputan en su país y que las autoridades de EE.UU deben permitir que sea indagado por autoridades colombianas.