"Se les salió la seguridad de las manos": La duras críticas contra Iván Duque por la respuesta del Gobierno al 'paro armado' del Clan del Golfo

La extradición del exjefe del Clan del Golfo, Dairo Antonio Úsuga David, alias 'Otoniel', no solo trajo como consecuencia directa el traslado del líder de esa organización criminal de Colombia a EE.UU. Desde el 5 de mayo, ese grupo de origen paramilitar declaró un 'paro armado' y sitió más de cien municipios de 11 departamentos del país, en una acción violenta sin precedentes que provocó serios cuestionamientos contra los cuerpos de seguridad del Estado.

Los medios y las redes sociales han divulgado imágenes de comunidades enteras confinadas, civiles armados en las calles que mantienen un toque de queda, negocios cerrados y vías bloqueadas por vehículos de carga que fueron tomados e incendiados. Hasta este lunes, seis personas han sido asesinadas, según el reporte del Ministerio de Defensa.

Los primeros días de la ofensiva del Clan del Golfo, una de las principales organizaciones narcocriminales en Colombia, las autoridades locales clamaban por la presencia inmediata de la Fuerza Pública en sus regiones ante la contundencia de las acciones violentas y la poca respuesta efectiva que podía darse desde las localidades.

El "paro armado" y la "sensación de zozobra"

Luego de tres días de reuniones de consejos de seguridad regionales con las autoridades estatales, fue el pasado sábado cuando el mandatario colombiano, Iván Duque, desde la Dirección de la Policía, se refirió a lo ocurrido, restándole importancia en un primer momento. 

Duque aseguró que las también conocidas como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) estaban tratando de "generar intimidación a través de actos aislados y cobardes", con la finalidad de "tener maximización a través de redes sociales y medios de comunicación para mostrar desesperadamente una fortaleza que no tienen". 

A pesar de que los gobernadores y alcaldes desde que comenzó el "paro armado" pidieron por varias vías la actuación del Gobierno central, el presidente del país suramericano los invitó en su alocución a no prestarse para el "juego intimidatorio de los reductos del Clan del Golfo" que, según él, pretendían "generar una sensación de zozobra en el país".

¿Qué ha hecho el Gobierno?

Aunque el mandatario colombiano tildó lo ocurrido de "actos aislados" y de una acción con un perfil más mediático que real, sus resoluciones apuntaron en otra dirección. Ese mismo sábado informó que "más de 52.000 hombres de Ejército y Policía" se movilizarían a los "puntos críticos para devolver la confianza en el comercio y demás actividades afectadas".

Del mismo modo, anunció la creación de "una célula del bloque de búsqueda especializado" para capturar a los cabecillas del Clan del Golfo, 'Siopas' y 'Chiquito Malo', y ofreció una recompensa de 5.000 millones de pesos (1,2 millones de dólares) por información que permita su detención.

A partir de la alocución de Duque, en las redes sociales de Fuerzas Armadas colombianas y del ministro de Defensa, Diego Molano, se han colgado decenas de videos con el registro de la respuesta militar condensada en el 'Plan Democracia 2022', que contempla la presencia y custodia en departamentos como Antioquia, Bolívar, Meta, Guaviare, Vaupés, Córdoba y Sucre.

Asimismo, la Fuerza Pública ha presentado un balance de sus actividades desde el pasado domingo. En el reporte más reciente se informa que se movilizaron 141.000 toneladas de cargas que permanecían detenidas producto del "paro armado" y que 180 integrantes de ese grupo narcoparamilitar han sido "capturados, neutralizados y sometidos a la justicia".

En sus trinos, el titular de Defensa ha tenido un discurso más alineado con la demostración de fuerza que el presidencial. En varios tuits, mientras sobrevolaba el noroccidente antioqueño, Molano aseveró que el Clan del Golfo "pretende sembrar terror y constreñir a los colombianos", que la Fuerza Pública "dispone de todas sus capacidades para proteger a los colombianos" y que acabará con los cabecillas de ese grupo armado ilegal.

Ausencia del Estado

La actuación del Gobierno frente al 'paro armado' que culmina este martes, según lo anunció el propio Clan del Golfo, ha sido duramente criticada en la prensa y en las redes sociales. Los distintos análisis consideran que la actuación estatal ha sido tardía e ineficiente. 

En el editorial de El Espectador se habla de la "materialización de la ausencia del Estado colombiano en todo el territorio", como ya ha sido señalado constantemente por grupos de defensa de los derechos humanos, colectivos y autoridades locales, frente a la violencia que impera en las zonas rurales donde grupos armados ilegales se disputan el control.

En el texto también se señala la "incapacidad" estatal para "ejercer el monopolio de la fuerza". "El golpe de autoridad fue evidente, sembró terror en varios departamentos y evidenció que la política de seguridad del presidente Iván Duque, heredada de sus antecesores, se quedó cortísima", dice el escrito de opinión del diario.

Sobre este asunto también se pronunció Juliette de Rivero, representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), quien ha instado al Estado "a tomar medidas oportunas de protección y garantía de los derechos de las comunidades afectadas, especialmente en zonas rurales".

"Confinamiento y terror"

En las redes sociales la situación no ha sido distinta. Desde varios sectores de la vida nacional se muestra inconformidad con las acciones para contener la violencia de los últimos días, a menos de un mes para las elecciones presidenciales, y se han tratado de explicar las razones por las que el grupo que fuera liderado por 'Otoniel' ha logrado tal alcance en los últimos días.

El senador opositor Iván Cepeda aseguró que el Gobierno había omitido actuar para evitar las acciones criminales del Clan de Golfo.

En la misma línea, la congresista opositora Katherine Miranda aseveró que a las autoridades del Gobierno "se les salió la seguridad de las manos".

En un tuit, la periodista colombiana Laura Ardila Arrieta se ha referido a días de "confinamiento y terror" y a un ataque con "alcances nunca antes vistos".

Por otro lado, la columnista Laura Quintana consideró que no es cierto que "donde domina el paramilitarismo no hay Estado". En su opinión, lo que ha ocurrido es la conformación de "un Estado securitario, infiltrado completamente por lo paraestatal".

Con esta afirmación coincide Diana Sánchez Lara, directora de la Asociación Minga, una organización de defensa de los derechos humanos, quien en un tuit afirma que el paro armado es consecuencia de cuatro años de "fortalecimiento y expansión" de las AUG, "gracias al apoyo del Gobierno nacional y la Fuerza Pública".