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"Un golpe de Estado en Colombia": La tormenta política que generó la suspensión del alcalde de Medellín por su supuesto apoyo a Petro

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La Procuraduría colombiana suspendió a cuatro autoridades regionales que presuntamente participaron en la campaña electoral presidencial. La acción ha generado agudas críticas en diversos sectores.
"Un golpe de Estado en Colombia": La tormenta política que generó la suspensión del alcalde de Medellín por su supuesto apoyo a Petro

La decisión de la Procuraduría de Colombia de suspender al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, por su supuesta participación en la campaña de Gustavo Petro ha generado una tormenta política calificada de "golpe de Estado" en ese país, a poco más de dos semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La noche del pasado martes, la procuradora general, Margarita Cabello, anunció abrirían una investigación disciplinaria contra cuatro autoridades locales: Quintero Calle; Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué, Tolima; Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal del municipio Calarcá, Quindío; y Grenfell Lozano Guerrero, personero del municipio de Nátaga, Huila. Esta decisión contempla la suspensión provisional de sus cargos.

Cabello aseguró que la medida se tomó "por la presunta y reiterada intervención en las actividades y controversias políticas". 

La procuradora aclaró que ese organismo tiene "competencia para investigar, suspender provisionalmente y sancionar" e inhabilitar a quienes incurran en esas prácticas. "La democracia tiene reglas que deben cumplirse", expresó.

Las tendencias políticas de los sancionados no son uniformes. Quintero llegó a la alcaldía apoyado por el movimiento Independientes; Hurtado Barrera es del Partido Conservador y supuestamente se habría expresado a favor del candidato presidencial del Centro Democrático, Federico Gutiérrez; Herrera Zapata es de la Alianza Social Independiente de Calarcá y es señalado de presunta compra de votos en las parlamentarias a favor de un candidato del partido Cambio Radical, mientras que Lozano Guerrero habría participado en política desde su cargo, recoge El Colombiano.

¿Qué generó esta determinación?

Aunque el fallo de la Procuraduría no ha sido divulgado aún, los medios han señalado que uno de los mensajes emitidos por Quintero en sus redes sociales podría formar parte del expediente en su contra.

Un día antes de la decisión del Ministerio Público, el alcalde de Medellín colgó en su cuenta de Twitter un clip de pocos segundos donde se le ve conduciendo un vehículo sincrónico y dice: "El cambio en primera". Esta frase se asocia con el lema de campaña de Petro "Cambio por la vida", aunque no fue reproducido literalmente por la máxima autoridad medellinense, ni ha sido expresamente a favor del candidato del Pacto Histórico.

Basta buscar en los trinos posteriores de Quintero para hallar otra pieza de promoción de su gestión, compartida en la red social, donde presenta el trabajo de restitución de un puente en un sector rural de la capital antioqueña que se desplomó en 2020, por las lluvias. En el clip se lee: "El cambio en primera hasta donde nunca ha llegado nadie".

¿Hacia dónde apunta la Procuraduría?

Cabello aseveró que "la intervención en política no se reduce al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda electoral".

Otro punto que destacó en su discurso y que parecería dirigirse a la supuesta participación política de Quintero a favor de Petro es que, según ella, "el uso de las redes sociales y de los medios de comunicación no deben ser instrumentos para afectar la imparcialidad" del proceso electoral.

Este jueves, el presidente colombiano nombró como nuevo alcalde encargado a Juan Camilo Restrepo Gómez, quien se desempeñaba como alto comisionado para la paz desde 2021. 

¿Qué respondió Quintero?

Quintero escribió una serie de tuits para manifestar su rechazo a la decisión y alertó que la democracia de su país "está en riesgo". "Ha iniciado el golpe de estado en Colombia", fue su primera reacción a lo ocurrido.

En su opinión, la determinación es una maniobra del expresidente y líder del partido de gobierno, Álvaro Uribe, junto a la procuradora, para retirarlo de su cargo e "intervenir en las presidenciales".

A esta acusación, el exsenador derechista le ripostó: "Alcalde juguetón, no engañe, que lo que ha hecho con el patrimonio público es suficiente".

Quintero, un empresario de software cuya gestión termina en 2023, aseguró en otro trino que la suspensión se hizo "en 12 horas, sin competencia ni debido proceso, sin derecho a la defensa", lo que considera violatorio de "la Constitución y la ley, la CIDH, pero en especial la voluntad popular".

Frente a la decisión, llamó a "toda la ciudadanía de Medellín" a participar en un plantón a las 5:00 de la tarde de este miércoles en la Plazoleta de la Alpujarra, sede de la Alcaldía de Medellín, para "defender la democracia y la voluntad popular".

Hasta la mañana del miércoles, según Quintero, no se había conocido la decisión de la Procuraduría. "Como en cualquier dictadura, se atropella el Estado de Derecho y se amenazan las libertades", tuiteó.

El "golpe" contra Petro

Petro conoce muy bien este tipo de sanciones porque en 2013 la Procuraduría lo suspendió e inhabilitó por 15 años, mientras se desempeñaba al frente de la Alcaldía Mayor de la capital colombiana, por supuestas irregularidades relacionadas con la recolección de desechos. En esa oportunidad también escribió en su cuenta de Twitter: "Es un golpe de Estado sobre el gobierno progresista de Bogotá".

Tras presentar varios recursos relacionados con su caso, introdujo una tutela ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que en 2014 pidió que se suspendiera la decisión y que culminara su mandato como alcalde. En 2020, la mencionada instancia regional declaró la responsabilidad internacional del Estado colombiano por las violaciones a sus derechos y sentenció que el fallo de la Procuraduría fue una "violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos".

Ahora, en la recta final de la campaña electoral que según las encuestas lidera, Petro volvió a hablar de un "golpe de Estado" en un tuit, llamó a "defender el voto popular" y recordó que "ya un procurador fascista" lo había suspendido.

"La sentencia de la CIDH fue tajante: un órgano administrativo no puede suspender los efectos del voto ciudadano. La procuradora, buscando ayudar al candidato presidencial de Duque, ha roto la Convención Americana", agregó.

Otras reacciones

El torbellino político se trasladó a las redes, donde diversas personalidades de la política colombiana y de los medios de comunicación se manifestaron en contra de la decisión de la Procuraduría.

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, aseveró que lo ocurrido fue "un golpe a la democracia". 

En la misma línea se expreso Felipe Harman, alcalde de Villavicencio, quien escribió: "Algo está mal en un país en el que hablar de 'cambio' genere tanta incomodidad".

Por su parte, el columnista Rodrígo Uprimny colgó un hilo en Twitter donde resalta que la Procuraduría habría ignorado las "evidentes intervenciones electorales del presidente Duque" y no suspendió "con igual rapidez al comandante del Ejército frente a su clara intervención en política electoral", luego de un cruce de tuits con Petro.

El jefe de debate de la campaña de Petro, Alfonso Prada, también se ha referido a la supuesta participación de Duque en la campaña, a favor del candidato del Centro Democrático, y recordó que semanas atrás le pidió a la procuradora general que le hiciera un llamado de atención.

"Cada vez que Petro hace una propuesta, es contestada directamente por Duque como si fuera el jefe de debate del candidato Federico Gutiérrez", dijo Prada en un video compartido en su cuenta de Twitter.

Hasta ahora, la Procuraduría ha abierto 500 investigaciones disciplinarias por presunta participación en política durante la campaña electoral. Entre los investigados se encuentran los alcaldes Claudia López (Bogotá), William Dau (Cartagena), Carlos Marín (Manizales) y el gobernador del Caquetá, Arnulfo Gasca, según El Tiempo. 

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