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La estatal colombiana Ecopetrol es investigada por una inversión en Perú que habría causado un daño patrimonial superior a los 600 millones de dólares

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La petrolera recibió menos del 5 % de lo que pagó 13 años antes por las acciones de una compañía que había sido señalada como riesgosa.
La estatal colombiana Ecopetrol es investigada por una inversión en Perú que habría causado un daño patrimonial superior a los 600 millones de dólares

La Contraloría General de Colombia decidió abrir una investigación fiscal a la petrolera estatal Ecopetrol por ejecutar un presunto daño patrimonial que superaría los 600 millones de dólares, en un polémico caso relacionado con la venta de las acciones de la sociedad Offshore International Group (OIG), una compañía radicada en Perú bajo el nombre Savia Perú S.A., y que obligará a los directivos de la petrolera a rendir cuentas por "sus acciones y decisiones".

"Al seguir la pista a esta inversión, en una indagación preliminar, la Contraloría Delegada para el Sector de Minas y Energía estableció inicialmente indicios claros de que este fue un negocio mal planificado, que Ecopetrol adelantó dejando de lado las advertencias de consultores externos sobre los riesgos que podía afrontar y, aún más la empresa que compró nunca le generó utilidades", dice el comunicado divulgado este lunes por la institución colombiana.

De acuerdo con la investigación, Ecopetrol compró a finales de 2008 el 50 % de la propiedad accionaria de la OIG por más de 642 millones de dólares, y 13 años después, en 2021, vendió las mismas acciones por apenas 5 % de lo que habia cancelado, unos 30,75 millones de dólares, 610 millones menos de los que invirtió.

Según la Contraloría, antes que la petrolera colombiana concretara la compra de las acciones de OIG, "varias firmas asesoras externas advirtieron de los riesgos geológicos (por la limitada y deficiente información con que se disponía), legales y técnicos de la compañía al ser adquirida. Algunos de esos riesgos fueron confirmados en el informe de transición de la compañía, emitido aproximadamente cuatro meses luego de la compra por parte de Ecopetrol y su socio", la surcoreana Korea National Oil Corporation (KNOC).

Además, a los tres años de concretarse la compra, se materializaron "varios de los riesgos que advirtieron los asesores externos", situación que desde el 2011 llevó a que Ecopetrol iniciara la venta de sus acciones en Savia Perú, un largo proceso que se concretó una década después, cuando los indicadores financieros de esa compañía eran críticos.

"Se pudo evidenciar también el bajo nivel de compromiso de los directivos en el seguimiento y control de las metas propuestas, ya que no se tomaron permanentes controles de seguimiento que permitieran realizar evaluación de la gestión y análisis de causas oportunamente, permitiendo así tomar acciones y decisiones con resultados reales", agrega la Contraloría.

Detalles del caso

Según la indagación preliminar, Ecopetrol fijó una meta en 2008 de producir 1 millón de barriles para 2015 y se enfocó en "distintas estrategias" como la "adquisición de campos y/o empresas a nivel nacional e internacional que aportaran recursos exploratorios, recursos contingentes y reservas".

El 29 de diciembre de 2008, la petrolera junto con KNOC, firmaron el contrato de compraventa de las acciones de OIG en partes iguales, cuyo principal activo era la compañía Petro-Tech Perú, que luego pasó a ser Savia Perú. El precio total fue de 992.180.848 millones de dólares, de los que Ecopetrol pagó 496.090.424 en febrero de 2009.

Pero, al segundo año de la negociación, se activó la cláusula 2.5, establecida en el contrato de compraventa, que obligaba a que "si se cumplían determinadas condiciones", tanto Ecopetrol como KNOC debían pagar una suma adicional por "Importe del Beneficio Futuro", que significó un ajuste de 145.884.191,11 millones de dólares y que ambas empresas pagaron en 2011; lo que incrementó la inversión total de la petrolera colombiana a 641.974.615,11 por las acciones de OIG.

10 años después, el 19 enero de 2021, Ecopetrol informó sobre la venta de las acciones de OIG a Z Mining Investments LLC., una de las compañías filiales de De Jong Capital LLC. En ese momento, la directiva de la petrolera dijo que no revelaría el monto de la transacción por "un acuerdo de confidencialidad", lo que llamó la atención de la Contraloría y la llevó a investigar.

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