El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) de Brasil, un órgano fiscalizador vinculado al Congreso, retomó este miércoles una decisiva audiencia para decidir si avala la privatización de la estatal Eletrobras, la mayor eléctrica de América Latina y una de las empresas más importantes del país.
El ejecutivo de Jair Bolsonaro está a la espera del aval del TCU para realizar este año la venta del gigante eléctrico. De confirmarse la operación, será la primera gran estatal en ser privatizada durante el gobierno del ultraderechista.
La primera etapa del proceso de privatización fue aprobado por el TCU en febrero por seis votos a favor y uno en contra. Entonces, los magistrados analizaron la bonificación que una vez que la estatal sea privatizada deberá pagar al Estado por la renovación de los contratos de sus 22 centrales hidroeléctricas.
En abril se aplazó la siguiente audiencia por el pedido de un magistrado para analizar mejor el caso.
Venta de acciones
Este miércoles, el pleno del TCU deberá evaluar el modelo de venta propuesto por el Gobierno. La participación estatal en Eletrobras es actualmente de un 72 % y se espera que se vea reducida en un 45 % a través de la venta de acciones en una Oferta Pública de Acciones (OPA) en la Bolsa de Sao Paulo.
Según la propuesta, cada accionista o grupo de accionistas no podrá mantener una participación superior al 10 % y el Gobierno contará con una acción preferencial, denominada "acción dorada", con la que tendrá poder de veto en las decisiones estratégicas de la empresa.
En conjunto la privatización de la compañía deberá generar unos 67.000 millones de reales (unos 13.400 millones de dólares).
El Gobierno no informó sobre la fecha de la privatización, pero el presidente de Eletrobras, Rodrigo Limp, dijo el pasado martes que lo ideal es hacerlo antes de mediados de agosto debido a la proximidad de las elecciones, que se celebran en octubre.