Casi 98 años después de la masacre de los indígenas de Napalpí, la Justicia argentina concluyó que existió responsabilidad del Estado y que constituyó un crimen de lesa humanidad.
El 19 de julio de 1924, unos 500 indígenas de los pueblos Qom y Mocoit, que protestaban por los abusos que sufrían, fueron asesinados indiscriminadamente por la Policía y un grupo de colonos en la provincia norteña de Chaco.
En un veredicto histórico, que contó con traducción simultánea a las lenguas qom y moqoit, la jueza Zunilda Niremperger declaró probados los delitos de homicidio agravado y reducción a la servidumbre de las víctimas.
"La masacre provocó graves consecuencias, sufrieron el trauma del terror, el desarraigo, la perdida de su lengua y de su cultura", destacó
Niremperger dispuso medidas de reparación en beneficio de las comunidades qom y moqoit, y ordenó al Estado realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad con participación de las víctimas, así como la constitución de un museo y un sitio de memoria en el lugar de los hechos.
También exigió que se fortalezcan "las políticas de prevención y erradicación del odio, racismo, discriminación y xenofobia en las que se garantice la perspectiva de los pueblos indígenas en los ámbitos de salud, educativos y culturales".
Este juicio "por la verdad", el primero en investigar como crímenes de lesa humanidad los delitos cometidos contra comunidades indígenas, arrancó el pasado 19 de abril sin imputados, porque los responsables fallecieron.
En total se celebraron siete audiencias, la mayoría de ellas en Resistencia, pero también en la localidad de Machagai, cercana a Napalpí, y en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (exEsma), en Buenos Aires.
Se escucharon los relatos grabados de sobrevivientes y los testimonios de sus descendientes, y se pudo reconstruir cómo se vivía en la reducción de Napalpí, como se denominaba a los lugares de confinamiento de indígenas.
La masacre
El 19 de julio de 1924, según los registros históricos y las pruebas recabadas, unos 130 policías y un grupo de civiles partieron desde Quitilipi hasta Napalpí por orden del gobernador del entonces territorio nacional del Chaco, Fernando Centeno.
Su objetivo era terminar con la protesta de los pueblos originarios que trabajaban en condiciones de esclavitud. Pedían una retribución justa por la cosecha de algodón y trabajar fuera del territorio chaqueño, en los ingenios azucareros de Salta y Jujuy, que ofrecían mejor paga.
Durante 45 minutos, la Policía descargó más de 5.000 balas de fusil sobre la reducción de Napalpí, como se denominaba a los lugares de confinamiento de indígenas. Los que consiguieron escapar fueron perseguidos por la sierra. La idea era no dejar testigos y, de hecho, muy pocos lograron sobrevivir. Decenas de niños fueron enviados como sirvientes a las localidades de Quitilipi y Machagai y los muertos se enterraron en fosas comunes.
En 2019, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de una víctima, enterrada a poca profundidad, en el terreno de una vivienda que fue escenario de la masacre.
El jueves, la jueza Niremperger estableció la continuidad de los trabajos de la EAAF e impulsó al Congreso a determinar el 19 de julio como Día Nacional de Conmemoración de la masacre de Napalpí.