La Tierra Indígena Yanomami, la mayor reserva indígena de Brasil, cumple este miércoles 30 años de su demarcación con constantes denuncias por la invasión y ataques de mineros ilegales en su territorio.
El 25 de noviembre de 1992, tras casi 15 años de lucha, el Gobierno brasileño presidido por Fernando Collor reconoció oficialmente los derechos de los yanomamis a sus tierras.
Con más de 10 millones de hectáreas distribuidas entre los estados Amazonas y Roraima, se calcula que unos 29.000 indígenas viven en esta zona, en aproximadamente 350 comunidades de yanomamis, ye'kwanas y varios grupos aislados.
"Este es un gran momento para los yanomamis y ye’kwanas, pero también es un poco amargo debido a las enormes amenazas a su territorio y su existencia, desde la extracción ilegal de oro hasta los ataques violentos contra sus comunidades", recordó Survival Internacional, una de las organizaciones que encabezó la campaña para homologar este territorio.
Según el reciente informe 'Yanomami bajo ataque: Minería ilegal en la Tierra Indígena Yanomami y propuestas para combatirla', publicado por la Asociación Hutukara Yanomami, hay 273 comunidades afectadas por la minería, lo que impacta a más de 16.000 personas.
Desde los años 70, en plena dictadura militar (1964-1985), los 'garimpeiros (mineros)' –se calcula que unos 20.000 en todo ese territorio– agravan la deforestación, la contaminación de los ríos por el uso del mercurio, la violencia contra las comunidades y propagan enfermedades como la malaria o el covid-19.
El mismo informe especificó que en 2021, la degradación causada por la minería alcanzó 3.272 hectáreas, frente a las 2.234 hectáreas en 2020.
Asociaciones como la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) denuncian que el Estado promueve a la agroindustria, a las empresas mineras y a los fondos de inversión internacionales, lo que "fomenta la acción de los traficantes de tierra, los invasores y tantos otros criminales que siguen avanzando hacia los territorios indígenas".
Una de las masacres que más se recuerdan es la que ocurrió en 1993 con los indígenas de Haximu, cuando un grupo de 'garimpeiros' asesinó a 16 indígenas, entre ellos, mujeres, ancianos y niños, que vivían en el valle del río Demini, una zona situada entre Brasil y Venezuela. Fue la primera tragedia de este tipo en ser reconocida por la Justicia en Brasil como genocidio.
Retirar a los mineros
Coincidiendo con la fecha del aniversario, el pasado lunes, la Justicia Federal de Roraima determinó que el Gobierno Federal retome las acciones para retirar a los mineros de la Tierra Indígena Yanomami.
Asimismo, pidió al Ejecutivo de Jair Bolsonaro, al Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (Ibama) y a la Fundación Nacional del Indio (Funai), actuar de manera conjunta para "combatir actos ilícitos".
"Los órganos del Gobierno federal han irrespetado las decisiones judiciales anteriores que imponían la retirada de todos los garimpeiros de la Tierra Indígena Yanomami", indica un comunicado de la Fiscalía.
Además, añade que las autoridades públicas "están obligadas a destruir o inutilizar todos los productos, subproductos e instrumentos mineros".
La Justicia exigió al Gobierno entregar un nuevo plan de emergencia para este territorio, con una pena diaria de 500.000 reales (más de 100.000 dólares), de no cumplirse.