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Tribunal anula el fallo que señalaba a Gustavo Petro de daños patrimoniales a Bogotá por bajar las tarifas de un medio de transporte
La decisión ordena dejar sin efecto la inclusión del ahora candidato presidencial en los registros de la Contraloría General y de la Procuraduría.
El Tribunal Administrativo de Cundinamarca informó este miércoles la nulidad parcial del fallo fiscal emitido por la Contraloría Distrital de Bogotá el 27 de junio de 2016, en la que se declaraba al exalcalde de la ciudad, Gustavo Petro, como responsable de un detrimento patrimonial a la capital por por bajar las tarifas de servicio de transporte público Transmilenio.
La sentencia, firmada el pasado 19 de mayo por el magistrado Óscar Armando Dimaté Cárdenas, pone fin en primera instancia al pleito que libró el actual candidato presidencial por el Pacto Histórico contra la Controlaría bogotana, y que amenazaba su candidatura presidencial, debido a que condicionaba a Petro a ser declarado como deudor moroso del Estado y eso le impedía asumir cualquier cargo público.
El fallo del Tribunal de Cundinamarca también ordena que quede sin efecto la inclusión de Petro en el boletín de responsables fiscales de la Contraloría General de la República y en el registro de inhabilidades de la Procuraduría General de la Nación.
.@tacundinamarca declaró la nulidad parcial del fallo emitido por la @ContraloriaBta que declaró responsable fiscal a Gustavo Petro, únicamente en lo referente al proceso de responsabilidad fiscal número 170000-0002/12 @PGN_COL@CGR_Colombia . Fallo👉https://t.co/8v8PzQwBI0pic.twitter.com/e6eAtomZPg
— Tribunal Adtvo. de Cundinamarca (@tacundinamarca) May 25, 2022
Según medios locales, la controversia comenzó cuando Petro era alcalde de Bogotá y decidió disminuir y congelar, entre 2012 y 2014, la tarifa del Transmilenio, al crear una estrategia para la operación del sistema con las llamadas "horas valle" y "horas pico", que tenían un cobro diferencial.
Aunque la medida fue celebrada por los usuarios, la Contraloría de Bogotá abrió una investigación al considerar que la decisión de la alcaldía se realizaba con un subsidio ilegal y sin respaldo fiscal, lo que supuestamente habría causado un daño patrimonial a la ciudad, al tener que asumir los gastos generados por los cambios en la tarifa del sistema de transporte.
El Contralor de entonces, Juan Carlos Granados, ordenó el embargo de los bienes y las cuentas de Petro y otros funcionarios. Luego emitió el fallo que los declaraba como responsables de detrimento patrimonial y les ordenaba pagar 217.000 millones de pesos a la ciudad, equivalente a unos 55 millones de dólares actuales.
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