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¿Una dimisión inminente? El agravamiento del conflicto en el sur de Chile y el tache de "terroristas" a los mapuches arrinconan a una ministra

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El Legislativo y el Ejecutivo se encuentran enfrentados por el tema de la violencia en la región sur del país, donde los grupos indígenas reclaman desde hace décadas su autonomía.

La gestión del conflicto mapuche en la Macrozona Sur de Chile ha causado una ola de críticas tanto entre la derecha como las organizaciones indígenas, en medio de las tensiones que se agudizaron tras la continuación del estado de emergencia en esa zona por parte del Gobierno de Gabriel Boric, a pesar de su negativa previa a tomar esa medida.

Un grupo de diputados derechistas pidió la renuncia de la ministra del Interior, Izquia Siches, durante una sesión especial realizada el pasado martes en la que tres organizaciones mapuches fueron declaradas como terroristas, lo que ha generado profundo malestar entre quienes apoyan una salida al conflicto a través del diálogo.

La Cámara de Diputados con 66 votos a favor, 43 en contra y 13 abstenciones declaró a los grupos Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Resistencia Mapuche Malleco, Resistencia Mapuche Lafkenche y Weichan Auka Mapu como "asociaciones ilícitas de carácter terrorista". La resolución se tomó porque a estos movimientos "se han atribuido ataques en la zona que han concluido con serias consecuencias para sus víctimas", recoge La Tercera.

Durante un intenso debate se discutieron las medidas que deberá tomar el Gobierno para garantizar la seguridad en el sur chileno luego de que el líder de la CAM, Héctor Llaitul, llamara a "preparar las fuerzas" y "a organizar la resistencia armada por la autonomía del territorio y de la nación mapuche", según declaraciones reseñadas por Info Werken.

Para los parlamentarios derechistas, la prórroga del decreto de emergencia, que fue establecido en 2021 por la administración de Sebastián Piñera, es insuficiente para el resguardo de los habitantes de La Araucanía y las provincias de Arauco y Biobío, conocidas como la Macrozona Sur, donde se han presentado hechos de violencia entre las autoridades y las organizaciones mapuches que reclaman la autonomía de sus territorios.

Siches al banquillo

Con menos de dos meses en el cargo, Siches ha sido cuestionada tanto por los sectores conservadores como por los movimientos indígenas.

En el acalorado debate del pasado martes, la ministra del Interior fue duramente criticada por varios legisladores de la derecha que incluso pidieron su salida del cargo. 

El diputado Sergio Bobadilla, de la derechista Unión Demócrata Independiente (UDI), le dijo a la titular de Interior: "Ministra, dé un paso al costado porque usted se ha convertido en un verdadero peligro para la seguridad de los chilenos". Durante su discurso también pidió medidas radicales como el decreto de un estado de sitio en la Macrozona Sur debido a que considera que la violencia ha escalado.

En la misma línea se manifestó su compañera de bancada, Flor Weisse, quien dijo "que a estas alturas ya ni valdría la pena seguir calificando" a la ministra del Interior como tal y agregó que no contaba con "la real experiencia y conocimiento político para dirigir la seguridad y el orden público".

Por su parte, el legislador Miguel Mellado, del conservador liberal Renovación Nacional, cuestionó la actuación del Gobierno en el conflicto mapuche y se preguntó por qué se negaba a denunciar a las organizaciones de ese pueblo indígena como terroristas.

Ante estos señalamiento, Siches afirmó que "el enfrentamiento no es la estrategia del Gobierno, es la inteligencia y la persecución eficaz del crimen organizado".

Polémica por estado de excepción

El estado de emergencia en la Macrozona Sur fue heredado del mandato de Piñera, quien lo declaró por primera vez el 12 de octubre de 2021 y cuya prórroga se vencía con la entrada de Boric en la presidencia. Hasta el momento ha sido prorrogado más de diez veces.

El pasado 16 de mayo, el Ejecutivo informó que había instaurado un "estado de excepción de emergencia acotado" que consistía en la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas en las vías que conectan esa zona. La decisión, que posteriormente fue prorrogada nuevamente el 30 de mayo, fue tomada luego de que Boric la dejara sin efecto el pasado 26 de marzo, cuando culminó la extensión del decreto de su antecesor.

A principios de marzo, cuando el presidente electo no se había posesionado, la entonces futura ministra secretaria del Gobierno, Camila Vallejo, asomó que no se extendería la medida más allá del 26 de ese mes. Sin embargo, hubo divergencias sobre este tema en el seno del Ejecutivo propuesto por el mandatario entrante.

Aunque aún no ocupaba su cargo, la actual ministra Siches dijo en una visita a la Araucanía que podría reevaluarse el decreto de estado de excepción "porque nada estaba escrito en piedra", recoge Araucanía Diario. Estas declaraciones generaron malestar entre las organizaciones mapuche que recordaron que Boric había prometido durante la campaña eliminar la imposición de Piñera y propiciar el diálogo entre todos los actores involucrados.

¿Cuál es el conflicto?

El desencadenante reciente de este conflicto que ha enfrentado al Legislativo y al Ejecutivo, fueron las declaraciones de Llaitul hechas días antes de que el Gobierno anunciara la instauración del estado de excepción de emergencia.

Además de llamar a "organizar la resistencia armada", el líder de la CAM dijo que la presencia de militares en la zona del Wallmapu, como es llamada por los pueblos mapuche, era para custodiar "los intereses del gran capital".

"Es la expresión en pleno de la dictadura militar que los mapuche siempre hemos sufrido, dictadura que ahora asume el gobierno lacayo de Boric", aseveró. Tras estas afirmaciones, el Gobierno anunció que presentaría una querella criminal en su contra.

En estas entidades existe un conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno desde hace décadas. El estado de emergencia se tomó en 2021 en las regiones del Biobío y en la Araucanía ante la quema de camiones y de maquinarias, tomas de predios y choques con Carabineros, según el Diario Constitucional.

En febrero de este año, dos trabajadores de una empresa forestal fueron encontrados muertos, presuntamente con heridas de bala, en la región de la Araucanía, y en enero se reportó el asesinato por parte de desconocidos del expresidente de la Junta Rural de Vigilancia de Alboyanco, Joel Ovalle, en la misma región.

Distintas visiones del problema

La responsabilidad de estas acciones violentas es atribuida a distintas fuentes. Mientras que el Gobierno se refiere a grupos criminales que operan en la Macrozona Sur, los diputados de la derecha atribuyen los hechos de violencia a los grupos mapuches que serían la "fachada" de organizaciones delictivas y de narcotráfico, según La Tercera.

El líder de la CAM se ha referido a las acciones que llevan a cabo en contra de las empresas forestales a las que señalan de quitarles sus territorios y llama a "ejercer y potenciar el control territorial mapuche. Hay que desarrollar la autonomía revolucionaria", publicó Info Werken.

En un artículo, el director del Centro de Estudios de América Latina y el Caribe (CEALC), Tito Tricot, cuestiona la militarización de la región y afirma que aunque un sector "autonomista" mapuche "nunca creyó en este Gobierno", una "parte significativa del movimiento sí", porque pensó que "podía constituir un cambio en la relación entre el Estado chileno y el pueblo mapuche". "Hoy ven que parece ser más de lo mismo. Prometen diálogo, pero con represión", enfatiza.

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