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Protección de activistas ambientales, derecho a información y acceso a la justicia: las claves del Acuerdo de Escazú y la adhesión de Chile

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Por 31 votos a favor, el Congreso dio luz verde a su adhesión al acuerdo y se unió a los otros 12 países que ya lo ratificaron.
Protección de activistas ambientales, derecho a información y acceso a la justicia: las claves del Acuerdo de Escazú y la adhesión de Chile

El Acuerdo de Escazú es considerado pionero porque se trata del primer tratado que contiene disposiciones específicas para proteger a los defensores del medio ambiente en América Latina y el Caribe, una de las regiones más peligrosas del mundo para los activistas.

Pero también es calificado de "histórico" por ser el primer tratado ambiental regional. El martes, el Congreso de Chile dio luz verde a su adhesión al acuerdo y se unió a los otros 12 países que lo ratificaron: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, México, Nicaragua, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía y Uruguay. 

La propuesta, que ya había sido suscrita en marzo por el presidente izquierdista Gabriel Boric, tan solo siete días después de asumir el Gobierno y cumpliendo con su promesa de campaña, fue aprobada por 31 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones.

"Será un aporte relevante para el país, dando cumplimiento a una sentida demanda de las comunidades y organizaciones sociales por hacer valer sus derechos de acceso y con esto, contribuir a efectivamente construir una democracia ambiental robusta", declaró la ministra de Medioambiente, Maisa Rojas.

Rojas se mostró convencida de que el acuerdo puede transformarse en "una útil herramienta para disminuir la conflictividad socioambiental" en Chile. "No es un peligro, sino una oportunidad para todos", aseveró.

El foco en los más vulnerables

El Acuerdo de Escazú –su nombre técnico es Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe– surgió como respuesta a una demanda de la sociedad civil y ha sentado las bases para un cambio de paradigmas en las dinámicas de gobernanza.

Sus principales beneficiarios son los grupos y comunidades más vulnerables y la idea es que las decisiones que afectan al medio ambiente se tomen de la mano de los ciudadanos.

Además de ofrecer un marco jurídico para atender, disminuir y prevenir conflictos ambientales en la región, también establece medidas concretas para la protección y defensa de los activistas ambientales. 

Naciones Unidas recuerda que en América Latina muchas de las agresiones que sufren los activistas "se producen en el contexto de proyectos mineros, turísticos, hidroeléctricos y agroindustriales aprobados e implementados sin el respeto debido al derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes".

Según la ONG Global Witness, tres cuartas partes de los ataques letales registrados contra activistas ambientales y de la tierra en 2020 sucedieron en América Latina. "Unas 165 personas fueron asesinadas en la región por defender su tierra y el planeta", apunta.

Estos son los ejes más importantes del Acuerdo de Escazú:

  • El acceso oportuno, comprensible y culturalmente apropiado de la información sobre temas ambientales, en igualdad de condiciones, especialmente para los grupos más vulnerables.
  • La promoción de la participación ciudadana en la toma de decisiones que tengan que ver con salud y medio ambiente.
  • El acceso a la justicia en los asuntos que involucren al medio ambiente y los derechos humanos.

El acuerdo entró en vigor en abril de 2021, pero Chile no lo suscribió. A pesar de que el Gobierno de Sebastián Piñera fue uno de los principales impulsores de proyecto durante su primer mandato (2010-2014), en su segunda administración (2018-2022) se negó a ratificar el pacto por considerar que este podría comprometer la soberanía del país.

Pero con la llegada de Boric a La Moneda, la mirada sobre el tema parece distinta. De hecho, dos de los temas prioritarios de su agenda tienen que ver con la atención a los conflictos ambientales y territoriales, como los que suceden con la comunidad mapuche en el sur del país. 

"Hoy el Acuerdo de Escazú finalizó su tramitación en el Congreso. Felicito a todas y todos que desde distintos frentes han luchado por la defensa de nuestro entorno y la incorporación de Chile al acuerdo. Seguimos avanzando en democracia ambiental", escribió el presidente tras la votación del pleno del Senado.

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