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El Congreso peruano aprueba acusar constitucionalmente al exjuez César Hinostroza, que se encuentra en España sometido a un proceso de extradición

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La Fiscalía pidió que sea acusado por "organización criminal, patrocinio ilegal, presunto delito de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias en agravio".
El Congreso peruano aprueba acusar constitucionalmente al exjuez César Hinostroza, que se encuentra en España sometido a un proceso de extradición

El Congreso de Perú aprobó por 79 votos a favor, ninguno en contra y siete abstenciones, una denuncia constitucional contra el exjuez supremo Cesar Hinostroza, quien se encuentra en España sometido a un proceso de extradición. 

La decisión también afecta a Julio Gutiérrez y Orlando Velásquez, exmiembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Los tres están acusados de integrar una organización corrupta dentro de la Judicatura conocida como "Los cuellos blancos del puerto". 

En concreto, Hinostroza es sospechoso de ser "líder de una organización criminal dedicada a realizar nombramientos de personas y ratificaciones ilegales de los mismos dentro del poder judicial, utilizando para ello su cargo".

Su caso tuvo una importante repercusión nacional en Perú, y acabó provocando la dimisión del entonces ministro del Interior peruano, Mauro Medina, en octubre de 2018, poco después de que trascendiera públicamente la huida de Hinostroza a España tras ser destituido e inhabilitado.

A pesar de que la Audiencia Nacional de España dio luz verde a su extradición al país andino, esta ha sido aplazada porque el exjuez alega que sufre "persecución política por grupos de poder" y que no hay garantía de que se lleve a cabo "un juicio justo".

En la sesión plenaria de este jueves, Hinostroza, reiteró desde España que es una víctima del "antifujimorismo" en su país.

"Se trata de una persecución en mi contra para sacarme del Poder Judicial y capturar las instituciones", dijo durante su defensa por videoconferencia .

La Fiscalía peruana pidió que Hinostroza fuese acusado por organización criminal, patrocinio ilegal, presunto delito de cohecho pasivo específico y tráfico de influencias en agravio del Estado.

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